Papelera Tucumán: conflicto por recortes salariales y despidos

El Sindicato de Obreros de la Industria del Papel y Cartón denunció situaciones que advierten una crisis en Papelera Tucumán. Según el gremio, la firma de Lules, propiedad de Alberto Reynaldo Pierri, redujo significativamente la producción desde el año pasado y despidió a siete trabajadores.

Este recorte provocó un paro en abril y forzó la convocatoria a conciliación obligatoria en la Secretaría de Trabajo provincial. El sindicato advirtió que la situación supera los despidos: el problema estructural radica en la "falta de inversión" y en malas condiciones de higiene y seguridad. Estas deficiencias fueron señaladas con mayor firmeza luego de un grave accidente laboral que causó el fallecimiento de un operario en la planta.

Ramón Aguirre, secretario general del gremio, expuso que hubo incumplimiento de normas básicas. “Despidieron a nuestros compañeros y quieren pagarles solo el 50 % de indemnización en una crisis no demostrada”, afirmó. Además, el dirigente cuestionó que la empresa redujo jornadas por razones comerciales, con paradas de siete a ocho días por mes, pretendiendo absorber esas jornadas en vacaciones sin pago adicional. “Es injusto y hasta ridículo”, subrayó.

Según Aguirre, estos episodios de reducción productiva, despidos arbitrarios y accidente fatal configuran un escenario de alto conflicto laboral. El sindicato también alertó sobre los riesgos que enfrentan los nuevos trabajadores, que carecen de experiencia y entrenamiento adecuado. Esa situación aumentaría la posibilidad de futuros accidentes y vulneraría los derechos de los empleados.

Los reclamos del sindicato no se limitaron a lo salarial. Recalcaron la urgencia de mejoras en seguridad, higiene y capacitación de personal. En el contexto de paros técnicos prolongados, los trabajadores se sienten expuestos. Exigen que la firma cumpla con normas básicas de prevención. También piden una explicación veraz de la supuesta crisis que trasladan como excusa.

Además, la firma busca instrumentar un sistema de compensación insuficiente. La intención de pagar indemnizaciones parciales al 50 % fue rechazada por los delegados. “No están reduciendo jornada de trabajo, por razones comerciales estarían parando siete u ocho días por mes”, insistió Aguirre. Según el gremio, la empresa manipula la figura de vacaciones para evadir el pago completo.

Tras el accidente fatal, el reclamo tomó impulso. El sindicato calificó la muerte del trabajador como resultado de las condiciones laborales precarias. El episodio forzó la intervención de la Secretaría de Trabajo y el inicio de una conciliación obligatoria para intentar encauzar la situación por la vía del diálogo. Sin embargo, la tensión sigue latente.

Las paradas y recortes afectaron la producción industrial, mientras los trabajadores quedaron de la mano sin respaldo. El sindicato exige una auditoría que determine si hay fondo económico para invertir, o si operan con lógica especulativa en un contexto crítico.

Frente a la propuesta de la empresa, el gremio exige soluciones concretas: despidos revisados, indemnizaciones completas, mejoras en condiciones laborales y un plan de capacitación. También buscan que los días no trabajados no sean fichados como vacaciones forzadas. 

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