El Gobierno de Milei disolvió Vialidad Nacional

El Gobierno nacional avanzará con la disolución de La Dirección Nacional de Vialidad y de otros dos organismos estatales vinculados al control del tránsito y la seguridad vial. A la vez, se abrirá el proceso de licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales. Los anuncios se hicieron este lunes en Casa Rosada, a pocas horas del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases.

El encargado de comunicar la medida fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. Durante una conferencia de prensa, Adorni confirmó que el presidente firmó el decreto que ordena el cierre definitivo de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. “La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, expresó.

Como parte de esta reorganización, el Gobierno también dispuso que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) pase a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Este nuevo organismo será la autoridad de aplicación en materia de fiscalización de rutas concesionadas, normas técnicas y actos administrativos vinculados al transporte vial.

Además, Adorni informó que se pondrá en marcha la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, con el objetivo de pasar su mantenimiento y operación al sistema de concesiones. Según explicó, la medida busca corregir un modelo que, a juicio del Ejecutivo, fue ineficiente y permeable a la corrupción.

Durante la conferencia, Adorni justificó la decisión recordando la causa judicial conocida como “Vialidad”, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí, sostuvo, se detectaron “maniobras fraudulentas”, adjudicaciones irregulares, anticipos financieros sin justificación, abandono de obras y ampliaciones de plazos injustificadas. “No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual”, resumió.

El vocero también defendió el uso de las facultades delegadas, que caducan este martes. “Muchos decían que aprobarlas era inconstitucional, que significaban superpoderes. Pero este gobierno no pidió ninguna prórroga. Usó la herramienta para ordenar el Estado”, remarcó.

En la primera fila de la conferencia estuvo presente Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, quien tuvo a su cargo la redacción de los decretos que integran el plan de reforma estatal. Adorni y Sturzenegger coincidieron en destacar el resultado fiscal de las medidas tomadas. Según informaron, los 65 decretos firmados en el marco de las facultades delegadas permitieron un ahorro estimado de 2.000 millones de dólares anuales.

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