Cierre de Vialidad Nacional: 190 trabajadores tucumanos en alerta

El conflicto comenzó con la publicación de un decreto del Gobierno Nacional que dispone la disolución de Vialidad Nacional. La medida afecta a más de 5.000 trabajadores en todo el país. En Tucumán, 190 empleados ya iniciaron una retención de tareas, se declararon en estado de asamblea permanente y analizan nuevas acciones para los próximos días. La decisión, según denunciaron desde el gremio, fue tomada sin negociación previa ni mecanismos de transición, lo que generó un profundo rechazo.

Julio Aralde, Secretario General de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), confirmó que la resolución oficial sorprendió al personal. “Esto es una cosa que realmente nos afecta en conjunto. Es ilegal, avasalla derechos y perjudica la vida cotidiana de los argentinos”, expresó. Según explicó, desde febrero existían señales de una posible reestructuración, pero nunca se comunicó la intención de disolver por completo el organismo.

Aralde aseguró que el decreto publicado excede incluso lo autorizado por la recientemente aprobada Ley Bases. “El Gobierno Nacional está pasando por encima hasta incluso de la misma legislación que ellos se ocuparon de hacer aprobar”, remarcó. Por esa razón, el gremio ya presentó una acción judicial y actualmente trabaja en ampliar el reclamo mediante un recurso de amparo para frenar la medida.

En la provincia de Tucumán, la reacción fue inmediata. Este martes por la mañana se realizará una asamblea a las 10 para definir la continuidad del plan de lucha. Las medidas adoptadas incluyen la retención de tareas durante toda la jornada, la permanencia en los lugares de trabajo y la convocatoria a nuevas asambleas. Además, no se descartan acciones en el marco de las celebraciones del 9 de Julio si no hay una respuesta oficial.

Desde FEPEVINA advierten que el impacto del cierre no será solo laboral, sino también operativo. Aralde detalló que Vialidad Nacional es responsable del señalamiento, repavimentación y mantenimiento de toda la red vial. “Nosotros hacemos todo el mantenimiento de rutas: señalamiento, repavimentación, trabajos de bacheo. Si eso se pasa a manos privadas, va a costar mucho más y se hará con menor calidad”, advirtió.

También cuestionó los argumentos del Gobierno en relación a una supuesta reducción del gasto. “Es mentira que los privados son más baratos, como dice Sturzenegger. Eso generará un gasto más grande para el Estado. No sé dónde está el ahorro que dice Javier Milei que quiere hacer”, criticó Aralde, quien además mencionó que esta misma lógica de recorte ya afecta a organismos como el INTI, el INTA y la salud pública.

Para el gremio, la eliminación de Vialidad Nacional dejará consecuencias económicas y sociales. Aseguran que el deterioro de las rutas aumentará los costos logísticos y afectará a los vehículos particulares, con un impacto directo en el transporte y la producción. La judicialización del caso avanza, mientras esperan que el Poder Judicial intervenga y declare la medida inconstitucional.

Por ahora, la estrategia sindical se concentra en sostener el plan de lucha en todo el país. Los trabajadores ratifican la defensa de sus fuentes laborales, del rol estratégico del organismo y de un modelo de Estado que garantice servicios esenciales para la sociedad.

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