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El futuro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa siendo precario. El Decreto 462/2025, publicado por el gobierno de Javier Milei, modificó su estructura legal. A partir de esta norma, el INTA dejará de ser un ente descentralizado del Ministerio de Economía y pasará a funcionar como un organismo bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En Tucumán, 170 personas vinculadas a la Estación Experimental de Famaillá y a once agencias distribuidas en toda la provincia temen por sus fuentes laborales. Desde APINTA, el gremio que nuclea al personal técnico y administrativo, advierten que esta transformación institucional tiene como trasfondo un ajuste profundo y el avance sobre la planta de personal.
Fernanda Farías, secretaria general de APINTA en Tucumán, confirmó que la organización sindical ya inició acciones legales y políticas. “Nosotros estamos en alerta y movilización de la institución con este grave decreto que salió hace más de dos semanas”, explicó.

En paralelo a la vía judicial, iniciaron conversaciones con referentes parlamentarios. “Ayer se presentó un amparo legal desde el gremio de la APINTA y de ATE, junto con otro proyecto también de otros diez diputados que buscan derogar este decreto”, detalló Farías.
En las últimas semanas, el gremio mantuvo reuniones con legisladores nacionales para frenar el avance del decreto. Mientras tanto, los trabajadores continúan cumpliendo sus tareas en condiciones de creciente incertidumbre. “La gente está con mucha preocupación e incertidumbre, pero estamos todavía en el trabajo”, agregó la referente sindical.
La reestructuración que se inició con este decreto fue anticipada hace meses por las autoridades nacionales del INTA. Según indicó Farías, en febrero de este año el presidente del organismo presentó una propuesta que ya incluía un plan de despidos masivos. “Sabemos que la intención, a partir de un proyecto que presentaron el presidente del INTA con la vice en febrero de este año, es el despido de 1500 compañeros de todo el país”, denunció.
Aunque por ahora no existe un detalle oficial sobre cuántos despidos corresponderían a cada sede o agencia, la regional tucumana ya se prepara para enfrentar esa posibilidad. Farías indicó que “todavía no tenemos el número por cada experimental o agencia cómo serían los despidos”.
La conducción sindical también remarcó que la ofensiva contra el INTA no surgió de manera espontánea. “Esto comenzó hace un año y medio, con las intenciones ya expresadas de querer desregular el organismo”, afirmó. Esa desregulación se expresa hoy en una pérdida de autonomía institucional, que en los hechos implica mayor control político sobre el organismo técnico.
En ese marco, los 170 trabajadores de Tucumán sostienen su presencia en cada agencia y en la estación de Famaillá. Desde allí buscan visibilizar el impacto productivo del INTA en todo el territorio y advertir sobre las consecuencias sociales y científicas del posible vaciamiento.

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