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Este miércoles por la mañana, personal policial detuvo a Susana del Carmen Acosta en su vivienda de El Cadillal. La mujer, condenada por el crimen de Beatriz Argañaraz, deberá regresar a la cárcel de mujeres tras una resolución judicial que revocó su libertad condicional. El fallo respondió a un pedido del Ministerio Fiscal, que comprobó que la imputada incumplió la obligación de residir en el domicilio fijado por la Justicia.
La causa se originó luego de que se verificara que Acosta, liberada bajo condiciones el 13 de junio de 2023, debía vivir en la casa de su hermana en San Miguel de Tucumán. Sin embargo, las autoridades detectaron que se trasladó sin autorización a El Cadillal, donde permaneció junto a su esposo y su nieta. Este cambio de residencia fue reportado reiteradamente por el Patronato de Internos y Liberados, que además había advertido irregularidades en el monitoreo electrónico desde el año pasado.
Durante la audiencia de impugnación, el auxiliar de fiscal Gonzalo García, en representación del titular de la Unidad de Ejecución de Sentencias, Gerardo Salas, sostuvo que la conducta de Acosta estaba plenamente acreditada. Recordó que en abril de este año, en un caso similar, el beneficio también fue revocado a su esposo, Marco Daniel Fernández. “No obstante, se trasladó a un inmueble en El Cadillal, donde residió de manera permanente con su esposo y su nieta, sin autorización judicial”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal.
La jueza de Ejecución, Ana Cecilia Escobar, había rechazado pedidos anteriores para revocar el beneficio. Sin embargo, en resolución del 11 de agosto, la jueza de impugnación Patricia Carugatti resolvió de forma contraria. En su decisión, dispuso: “Revocar la libertad condicional de la condenada Susana del Carmen Acosta, la que deberá ser alojada inmediatamente en el sistema penitenciario”.
Con esta determinación, Acosta deberá cumplir el resto de la condena impuesta en 2009 por el homicidio de Beatriz Argañaraz. El caso, que conmocionó a Tucumán, comenzó el 31 de julio de 2006 cuando la docente desapareció al dirigirse al colegio donde trabajaba. Según la investigación, recibió un mensaje de Nélida Fernández y de Susana Acosta, ex novicias y compañeras de trabajo, para encontrarse en un departamento. Allí, la atacaron y la mataron.
Los investigadores hallaron manchas de sangre de la víctima en las paredes del inmueble. Posteriormente, las acusadas se deshicieron del cuerpo, que nunca fue encontrado. Tras un juicio, ambas fueron condenadas a 20 años de prisión en 2009. Desde entonces, el caso se mantiene en la memoria de la sociedad tucumana como uno de los crímenes más impactantes de la provincia.
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No cumplió la ley: La Justicia de Tucumán le revocó la libertad condicional tras comprobar que incumplió la obligación de residir en el domicilio autorizado.