El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, a tres años y seis meses de prisión. La sentencia incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y se dictó en la causa por el destino irregular de fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). El fallo subraya la responsabilidad penal y administrativa en el manejo de recursos universitarios.
Junto a Cerisola, la Justicia también responsabilizó a dos exfuncionarios. Olga Cudmani recibió tres años y dos meses de prisión más inhabilitación perpetua, mientras que Osvaldo Venturino fue condenado a dos años en suspenso con inhabilitación especial. En cambio, el exdiputado nacional Luis Sacca fue absuelto por el beneficio de la duda razonable. Los magistrados aclararon que las penas no se harán efectivas hasta que la sentencia quede firme.
El fallo también ordenó el pago de resarcimientos económicos a favor de la UNT. Cerisola y Cudmani deberán devolver más de 39 millones de pesos actualizados, mientras que Venturino y Cudmani deberán afrontar pagos que superan los 700 mil pesos. La decisión judicial busca reparar parcialmente el perjuicio económico causado por la gestión de esos fondos.
Durante el juicio se analizó el uso de los recursos mineros que, por norma, debían financiar la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier. La Fiscalía sostuvo que, bajo resoluciones rectorales, se alteró la estructura de la Dirección de Construcciones Universitarias y se habilitó un régimen paralelo de contrataciones. Con ese mecanismo, se ejecutaron trece obras consideradas parte de un sistema discrecional de distribución de fondos.
Las defensas argumentaron que las decisiones respetaron la autonomía universitaria y contaron con dictámenes jurídicos y controles internos. No obstante, el tribunal coincidió con la acusación al considerar que existió incumplimiento de deberes de funcionario público y fraude contra la Administración. A pesar de la condena, los jueces rechazaron dictar prisión preventiva, por lo que los acusados seguirán en libertad mientras la causa atraviesa instancias de apelación.
El caso se originó en 2010 tras una denuncia presentada por el arquitecto Ramón Eudal y el abogado Óscar López, ya fallecidos. Ambos cuestionaron que la UNT no destinara los fondos al proyecto de la Ciudad Universitaria. Si bien en 2007 YMAD redujo al 20% el porcentaje destinado a la universidad, durante la gestión de Cerisola se firmó un acta que avaló la reorientación de esos recursos. Finalmente, se ejecutaron remodelaciones en distintas sedes universitarias del Gran San Miguel de Tucumán.
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