

La Justicia tucumana extendió este martes las medidas de coerción para cuatro personas acusadas de integrar una organización criminal. La banda actuaba en distintos barrios de San Miguel de Tucumán y robaba camionetas de alta gama con llaves falsas. En algunos casos, los vehículos eran revendidos en otras provincias y hasta en Bolivia.
La audiencia fue solicitada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos III, a cargo del fiscal Carlos Gustavo Picón. En su representación actuó el auxiliar Pablo D’Andrea, quien argumentó que los imputados formaban parte de una estructura organizada con fines delictivos. “Se trata de hechos graves, por la manera en la que se organizaron para cometerlos”, sostuvo el representante del Ministerio Fiscal.
Los acusados están imputados por los delitos de asociación ilícita en concurso real con hurtos agravados, en cuatro hechos diferentes. Los robos fueron cometidos entre junio y julio de 2024, todos en la vía pública. La banda utilizaba llaves falsas o instrumentos similares para abrir y robar las camionetas, todas de la marca Toyota Hilux.
Durante la audiencia, el MPF pidió prorrogar por 56 días las medidas de coerción para tres de los acusados. Además, se resolvió extender las medidas contra una mujer que será sometida a un juicio abreviado este viernes. La jueza interviniente aceptó los pedidos del Ministerio Público.
Según la investigación, los imputados y otros sospechosos se asociaron de forma permanente y dolosa con el objetivo de cometer robos de vehículos. Dividieron tareas, asignaron roles y realizaron acciones sistemáticas para concretar los delitos. Así lograron sustraer camionetas en diferentes puntos de la capital tucumana.
Las camionetas robadas eran usadas por la banda para movilizarse durante sus operaciones. En muchos casos, las obtenían en otras provincias, como La Rioja, Catamarca y Córdoba, mediante maniobras similares. Utilizaban rodados con patentes adulteradas para dificultar su rastreo y evitar ser identificados por la Policía.
Pero el negocio no terminaba allí. Parte de su plan era vender los vehículos robados. Según los fiscales, los imputados tenían vínculos con compradores tanto en Córdoba como en Bolivia, adonde también enviaban las camionetas. La organización buscaba así borrar huellas y maximizar ganancias sin ser descubiertos.
El primer robo documentado ocurrió el 28 de junio de 2024, en la calle San Luis al 100. En las primeras horas de la madrugada, los acusados sustrajeron una Toyota Hilux estacionada en el lugar. Actuaron en grupo y con planificación previa, según detalló la Fiscalía.
Un mes después, el 27 de julio de 2024, robaron otra camioneta Toyota Hilux en calle Laprida al 500, también durante la madrugada. Esa misma jornada, cometieron un segundo robo: otra Hilux fue sustraída en la esquina de Corrientes y 25 de Mayo. En ambos casos, usaron llaves falsas o herramientas similares.
El cuarto robo fue el 29 de julio, entre la medianoche y las 6:30 de la mañana. La banda actuó nuevamente y robó una Toyota Hilux que estaba estacionada en avenida Belgrano al 3100. Utilizaron el mismo método para acceder al interior del vehículo y luego huir con él.
La causa fue declarada de asunto complejo por su extensión, cantidad de implicados y organización criminal. El fiscal Picón y su equipo continúan reuniendo pruebas para establecer con precisión los roles de cada acusado y confirmar si hay otros implicados.
Los investigadores destacan que la organización actuaba con alto nivel de logística y conocimiento técnico. Además de utilizar rodados con dominio adulterado, elegían cuidadosamente los lugares y horarios para robar. Evitaban zonas con cámaras de seguridad y actuaban en calles oscuras.
La investigación sigue su curso con nuevas medidas judiciales. Las autoridades esperan avanzar en los próximos días hacia un juicio oral para varios de los involucrados. La prórroga de las medidas busca evitar riesgos de fuga y asegurar la continuidad de la causa.
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