Canal 10El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo (PE), recibió en Casa de Gobierno a las autoridades de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad (CITED). El encuentro tuvo como foco principal una problemática urgente y sensible: el desfasaje arancelario que existe entre los valores que abona el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) y los montos que rige la Ley Nacional de Discapacidad.
El presidente de CITED, Gustavo Anastacio, acompañado por Gloria Figueroa y Josefina Bidegorry, fue el encargado de exponer la crítica situación. Según explicó Anastacio, existe un "desfasaje entre los aranceles que paga el instituto y lo que establece la ley nacional". Este desequilibrio no es menor, ya que los aranceles nacionales llevan nueve meses sin ajustes, lo que impacta directamente en la capacidad operativa de las instituciones.
Este estancamiento tarifario genera "serias dificultades para sostener las prestaciones", poniendo en riesgo la calidad y continuidad de los servicios esenciales que reciben miles de personas con discapacidad en la provincia. El reclamo central de CITED es la homologación de los aranceles provinciales con los nacionales para garantizar un financiamiento justo y sostenible.
Durante la reunión, el vicegobernador Acevedo manifestó una postura receptiva ante la problemática. El presidente de CITED informó que Acevedo "se comprometió a convocar a los funcionarios competentes" del área para evaluar de manera inmediata la "viabilidad de un ajuste" que permita subsanar esta deuda histórica con el sector.
Las autoridades de la Cámara valoraron positivamente el encuentro, considerándolo un "primer paso positivo" en la búsqueda de soluciones. La expectativa del sector se centra ahora en la capacidad de la gestión provincial para actuar con rapidez y efectividad, honrando el compromiso asumido por el Vicegobernador.
Finalmente, la delegación de CITED expresó su "confianza en que se pueda encontrar una solución que garantice la sostenibilidad de las instituciones y la calidad de los servicios que prestan". La resolución de este conflicto arancelario es fundamental para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad, establecidos por ley, sean plenamente garantizados en el ámbito provincial.
