Los taxistas se manifestaron para exigir la regulación de las aplicaciones de transporte. En el reclamo advirtieron de medidas de fuerza si no hay respuestas.
Hoy se leyeron los alegatos en el juicio contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, ambos declarados culpables por el Tribunal por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por más de una persona.
La causa se remonta a la madrugada del 3 de julio de 2016, cuando Carolina Monteros salió del boliche Lancaster acompañada por Trapani. Más tarde, al vehículo se sumó Rodríguez. Los tres se dirigieron a la vivienda familiar de los Trapani, ubicada en avenida Constitución al 2300, en Tafí Viejo. Según se comprobó en el debate oral, en una de las habitaciones de esa casa los imputados sometieron sexualmente a la joven pese a su negativa, empujándola hacia una cama y abusando de ella.
El proceso judicial atravesó casi una década de demoras, dilaciones y trabas procesales. Durante ese tiempo, colectivos feministas y la propia víctima impulsaron la realización del juicio para evitar que el caso quedara impune.
Trapani es empresario citrícola y director de FGF Trapani S.A. Junto a Rodríguez, pertenecen a familias con vínculos políticos y económicos de peso en la provincia. Esa cercanía con el poder fue señalada en varias ocasiones como una de las causas de la lentitud del proceso.
La sentencia representa un cierre de etapa para Monteros y abre el camino hacia la ejecución de las penas impuestas, aunque aún restan los plazos legales para eventuales apelaciones o recursos ante instancias superiores.
A la salida de la sentencia condenatoria, Monteros se expresó ante los medios: “Me hubiese gustado, junto con el abogado Carlos Garmendia, haber conseguido un poco más de años, pero estoy contenta”, explicó. Por su parte, el abogado defensor Garmendia afirmó: “Estoy conforme. Hemos obtenido una condena; no importa la cantidad de años, ambos son responsables de haber violado a Carolina”.
El caso fue seguido de cerca por organizaciones feministas, que denunciaron la impunidad “de los hijos del poder” y la inacción judicial. Al respecto, Monteros expresó: “Me han llenado el alma, el espíritu y el corazón”. Durante la lectura de los alegatos, grupos de mujeres se concentraron frente al Poder Judicial con carteles, limones y consignas que señalaban el peso del poder económico en la causa. El caso de Carolina Monteros se convirtió en un emblema de la lucha contra la impunidad en Tucumán.
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