Los rectores de las universidades nacionales decidieron recurrir a la Justicia. Quieren que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial Docente. La resolución fue aprobada por unanimidad durante un plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en la Facultad de Derecho de la UBA.
La decisión llegó después de que el Poder Ejecutivo promulgara la norma pero suspendiera su aplicación. El decreto dejó en pausa la ley hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. En paralelo, el Consejo Superior de la UBA también votó iniciar acciones judiciales.
La Ley 27.795 obliga al Ejecutivo a actualizar mensualmente los gastos universitarios por inflación y a recomponer los sueldos de docentes y no docentes. También dispone convocar a paritarias y garantizar fondos estables para el sistema público de educación superior.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación costaría $1,96 billones en 2025, el equivalente al 0,23% del PBI. El presidente Javier Milei había vetado una iniciativa similar en 2024, que luego no fue ratificada por el Congreso.
Los rectores acordaron además pedir al Parlamento que el Presupuesto 2026 incluya los recursos previstos por la ley. El proyecto oficial prevé $4,8 billones para las universidades, apenas un 14% más que el año anterior. La cifra está muy por debajo de la inflación estimada y de los $7,3 billones solicitados por las casas de estudio.
Mientras tanto, el conflicto universitario sigue escalando. Las federaciones docentes Fedun y Conadu realizaron un paro nacional de 24 horas y no descartan nuevas medidas. La semana próxima definirán los pasos a seguir.
