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El reciente decreto 787/2025 del Gobierno nacional, que elimina los topes anuales en las cuotas de los colegios privados sin aporte estatal, encendió la preocupación entre padres y comunidades educativas. La medida, impulsada por la Secretaría de Educación, deja en libertad a las instituciones para fijar sus propios aranceles. Sin embargo, en Tucumán, la situación será diferente. Desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que el sistema local mantiene su marco regulatorio vigente.
El director de Educación de Gestión Privada, Roberto Fabián Day, llevó tranquilidad a las familias tucumanas. “El decreto deroga una disposición de 1993 que obligaba a todos los colegios, con o sin aporte estatal, a informar anticipadamente los valores de matrícula y cuotas. Eso tenía sentido en contextos de estabilidad económica, pero hoy resulta impracticable”, explicó el funcionario. Además, recordó que Tucumán, desde la descentralización educativa de los años 90, tiene autonomía normativa. “Esa normativa sigue plenamente vigente”, aclaró.

El funcionario también precisó que los colegios con aporte estatal continuarán sujetos a los mecanismos de control establecidos por la Dirección de Educación de Gestión Privada. Esta regulación provincial determina una fórmula específica para calcular los aranceles según el porcentaje de subvención que recibe cada institución. De esa manera, las cuotas no pueden ajustarse de manera unilateral. El objetivo, destacó Day, es garantizar la previsibilidad en el sistema educativo.
Asimismo, el Ministerio de Educación provincial trabaja junto a las cámaras que agrupan a los colegios privados en la elaboración de una nueva modalidad de cálculo. “Estamos avanzando en un proyecto donde se establecerán bandas de acuerdo con los porcentajes de subvención que recibe cada colegio. La idea es dar previsibilidad tanto a las familias como a las instituciones”, señaló Day. Este nuevo esquema podría implementarse durante 2026, tras un proceso de consulta y validación con el sector.
El Gobierno tucumano considera que mantener una regulación estable ayuda a evitar incrementos desmedidos y conflictos entre las instituciones y las familias. Por eso, las autoridades provinciales descartaron la posibilidad de aplicar el decreto nacional en el corto plazo. En Tucumán, cualquier modificación deberá pasar por el análisis técnico y legal correspondiente. Así, el marco local seguirá garantizando transparencia y equidad en los aranceles escolares.
Finalmente, desde el Ministerio de Educación destacaron que el diálogo con las entidades privadas continuará abierto. “Buscamos acompañar la sostenibilidad de los colegios sin afectar la economía familiar”, remarcaron fuentes oficiales. El objetivo, insistieron, es mantener un equilibrio entre calidad educativa y accesibilidad. Por ahora, la consigna es clara: en Tucumán, no habrá cambios en el régimen vigente.

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