Cuatro personas fueron detenidas en El Cadillal, entre ellas dos policías, en el marco de una investigación interna que sacudió a la fuerza provincial. El caso derivó en la baja inmediata del jefe y del subjefe de la Unidad Regional Norte (URN). Ambos habrían utilizado detenidos y personal policial para realizar trabajos de albañilería en una casa particular. El hecho encendió las alarmas en el Ministerio de Seguridad y generó una rápida reacción política.
El Gobierno de la Provincia decidió dar de baja al jefe, Gustavo Beltrán, y al segundo jefe, Sergio Juárez, de la URN. La medida se tomó tras confirmar que ambos habrían empleado recursos humanos y materiales de la fuerza para fines personales. “Conductas incompatibles con la función policial… que afectan gravemente la confianza que la sociedad deposita en la institución policial”, señala el decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad. La resolución lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro Eugenio Agüero Gamboa.
La investigación fue impulsada por una denuncia anónima que llegó directamente al despacho del ministro de Seguridad. Según esa información, Beltrán habría ordenado tareas de construcción en una vivienda ubicada en la zona de El Cadillal. El ministro, por orden del gobernador Jaldo, trasladó de inmediato el caso a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. A partir de allí, se activó un operativo judicial encabezado por la fiscal María Rivadeneira.
En la mañana del martes, funcionarios judiciales se dirigieron al lugar señalado para verificar la denuncia. Al llegar, encontraron a un policía y dos detenidos que cumplían condena en la comisaría de Chuscha, en Trancas, trabajando en la obra. La fiscal ordenó la aprehensión de Beltrán, quien fue trasladado al Departamento D1 (Personal) por disposición del jefe de Policía, Joaquín Girvau. En horas de la tarde, se confirmó oficialmente su imputación y detención.
Sergio Juárez, subjefe de la URN, también se encuentra bajo investigación, aunque por el momento no pesa sobre él una orden de detención. Las autoridades continúan reuniendo pruebas y tomando declaraciones testimoniales. “Había que tomar una decisión inmediata”, indicó el gobernador Jaldo al justificar la baja. La medida busca marcar un precedente dentro del proceso de depuración interna que se lleva adelante en la fuerza provincial.
El ministro Agüero Gamboa sostuvo que estos hechos no pueden quedar impunes y que la Policía debe recuperar la confianza ciudadana. Por su parte, el comisario general Joaquín Girvau y el subjefe Roque Yñigo ratificaron que la investigación se enmarca en un trabajo institucional profundo. “Del análisis de la prueba producida surge acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes”, expresa el decreto. El caso seguirá bajo la órbita judicial mientras avanza la depuración en la cúpula policial.
