Nuevo giro judicial en la causa por Betty Argañaraz

La causa por el crimen de Betty Argañaraz sumó otro giro judicial cuando el Tribunal decidió restituir la libertad condicional a Marcos Daniel Fernández. La medida habilitó nuevamente el beneficio que había sido otorgado en mayo de 2024 y que luego terminó revocado por incumplimientos comprobados. El fallo respondió a una impugnación presentada por la defensa técnica del condenado durante las últimas semanas del proceso. Además, el Tribunal rechazó el pedido del Ministerio Público Fiscal que solicitaba anular el beneficio por las irregularidades detectadas. Con este escenario, la resolución generó cuestionamientos inmediatos por parte de la familia Argañaraz.

En su resolución, el Tribunal argumentó su decisión mediante artículos del Código Procesal Penal y del Código Penal que regulan beneficios anticipados. La decisión señaló que las condiciones para la libertad condicional se mantenían vigentes pese a los incumplimientos previos acreditados por el Ministerio Público. A partir de ello, la Justicia ordenó la inmediata libertad de Fernández, quien quedó nuevamente en situación de condena con beneficio transitorio. Además, el fallo volvió a poner en debate la interpretación judicial sobre las condiciones exigidas por la normativa penal vigente. Esta situación profundizó las dudas de la familia sobre los criterios utilizados para resolver el caso.

Ante la noticia, Liliana Argañaraz expresó su rechazo y apuntó a las inconsistencias que rodean la decisión adoptada por el Tribunal. La mujer recordó que Fernández había perdido el beneficio porque no cumplió con la obligación de fijar domicilio en el lugar indicado previamente. Sobre esta falta, consideró que la nueva resolución contradijo lo que ya había sido acreditado en expedientes anteriores del caso. “De repente es contradictorio porque están las pruebas. Necesitamos como familiares y toda la sociedad que nos expliquen”, afirmó. Con este planteo, la familia insistió en pedir claridad sobre los criterios que habilitaron la restitución del beneficio.

Liliana sostuvo que las autoridades judiciales ignoraron elementos fundamentales y terminaron avalando un fallo que, según ella, carece de coherencia con los hechos registrados. La mujer remarcó que la Justicia debe explicar cómo interpretar la aplicación de normas que deberían proteger a la sociedad en estos procesos. “Si está todo corroborado y aun que falta tan poco tiempo para salir en libertad, han hecho lo que han querido”, afirmó. Además, consideró que “su señoría ha dado lugar a que vuelvan a la calle”, aludiendo a la decisión que contradice medidas previas. Estas declaraciones reactivaron el reclamo permanente de la familia en torno a la búsqueda de respuestas oficiales.

La hermana de Betty también cuestionó que “hagan caso omiso desde las mismas leyes que están para hacerlas cumplir” y calificó la situación como una burla institucional. “Que nos expliquen cómo tenemos que entender esta situación, en lo que los jueces están haciendo lo que no corresponde”, sostuvo. En este sentido, subrayó que la familia continúa reclamando información precisa sobre el paradero de la víctima. Asimismo, recordó que durante todas las audiencias insistió en pedir a las acusadas que revelen dónde se encuentra Betty. Estos pedidos mantienen vivo un reclamo que persiste desde la desaparición y sigue sin respuestas concretas.

Por otra parte, Liliana mencionó que la defensa de Susana Acosta presentó un nuevo recurso que pronto deberá ser analizado por la Justicia. Según explicó, esperan que se fije la fecha de audiencia para continuar evaluando su situación dentro del expediente. Esta instancia podría abrir otro capítulo procesal mientras el caso sigue marcado por decisiones controvertidas. Además, la familia aguarda que cada instancia judicial avance con criterios que aporten claridad en un expediente complejo y sensible. La expectativa se mantiene en torno a cómo las próximas resoluciones influirán en la búsqueda de justicia para Betty.