Diputados opositores buscan frenar los ataques a la prensa

Un grupo de diputados presentó esta semana un proyecto de ley para proteger a periodistas que sufren amenazas, violencia o estigmatización. La propuesta surge tras el ataque al fotógrafo Pablo Grillo en una protesta en Buenos Aires y los constantes dichos descalificadores del presidente Javier Milei contra la prensa.

La iniciativa busca garantizar un entorno seguro para periodistas, fotoreporteros y trabajadores de prensa, frente al avance de discursos de odio. El texto lleva el nombre “Protección Integral de Periodistas, Fotoreporteros/as y Trabajadores de Prensa” y fue impulsado por el diputado Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Pablo Juliano, Juan Manuel López y Sergio Palazzo.

El proyecto declara sus disposiciones de orden público y propone que el Estado intervenga para prevenir agresiones físicas y simbólicas. También apunta a proteger el derecho a informar y la integridad de quienes desarrollan tareas periodísticas en contextos hostiles. Según Pichetto, “el ejercicio profesional del periodismo molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad”.

Entre los principales objetivos del proyecto, se destacan la prevención de actos de violencia, la protección de la identidad de las fuentes y la sanción de ataques contra periodistas. Además, establece como prioridad garantizar el acceso a la información pública, en documentos y conferencias.

Uno de los puntos más importantes es la creación de un Mecanismo de Protección Interinstitucional con sede en el Congreso. Este espacio deberá coordinar acciones con universidades, sindicatos, medios y organismos de derechos humanos para generar sistemas de alerta y asistencia.

El mecanismo brindará asesoramiento jurídico, contención psicológica y seguimiento de casos de agresiones vinculadas al trabajo informativo. También llevará un registro público con datos relevantes y estadísticas sobre violencia hacia la prensa.

El texto exige al Estado no promover discursos que estigmaticen periodistas ni obstaculicen el trabajo en protestas o coberturas. A su vez, establece capacitaciones para fuerzas de seguridad y el Poder Judicial en derechos humanos y libertad de prensa.

La propuesta incorpora además una perspectiva de género. Incluye medidas específicas para prevenir la violencia hacia mujeres periodistas, reconociendo los riesgos agravados por desigualdades estructurales y violencias sistemáticas.

El caso de Pablo Grillo, herido durante un operativo de seguridad mientras cubría una manifestación, activó una nueva ola de solidaridad entre colegas. La protesta conocida como “Camarazo” volvió a visibilizar los riesgos de ejercer el periodismo en contextos de represión.

Los fundamentos del proyecto advierten que el periodismo argentino sufre hoy un nivel de vulnerabilidad grave, con agresiones físicas, vigilancia estatal y campañas de desprestigio. Señalan que “la libertad de prensa no es solo un derecho de los periodistas, sino una garantía esencial para toda la sociedad”.

El texto toma como referencia leyes similares en México, Brasil y Colombia, y las recomendaciones de organismos como la UNESCO, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fundación Heinrich Böll.

Entre los firmantes se encuentran legisladores de distintos bloques opositores, como Oscar Agost Carreño, Florencio Randazzo, Maximiliano Ferraro, Victoria Tolosa Paz, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez y Paula Oliveto, entre otros.

El proyecto también surge en medio del clima de tensión entre el presidente Javier Milei y medios de comunicación. En reiteradas ocasiones, el mandatario acusó a periodistas de “mentir” o “cobrar favores” para perjudicar su imagen pública.

La iniciativa podría marcar un punto de inflexión en la elaboración de políticas públicas para cuidar el trabajo periodístico en Argentina. Si se aprueba, será un antecedente clave en la defensa institucional del derecho a informar.