La pobreza por ingresos cayó al 36,3% durante el tercer trimestre, mientras la indigencia descendió al 6,8%, según el informe reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). El relevamiento mostró un retroceso marcado respecto del mismo período de 2024, cuando los valores habían escalado al 45,6% y 11,2%, su nivel más alto desde 2005. Sin embargo, la UCA destacó que la mejora estadística aún no se refleja con claridad en el bienestar real de los hogares vulnerables.
La investigación describió una Argentina que respira mejor que hace un año, pero que continúa atrapada en un entramado social frágil. Afirmó que el país transitó un proceso de “ajuste más normalización”, sin señales sólidas de desarrollo inclusivo. La paradoja aparece porque bajó la inflación, se ordenaron precios relativos y el Estado recuperó capacidad fiscal, aunque millones de familias siguen enfrentando ingresos insuficientes, menor calidad laboral e inseguridad alimentaria creciente.
El documento advirtió que parte de la baja en la pobreza responde a cambios en la captación de ingresos de la EPH. Según los especialistas, ese efecto infló el descenso registrado. También remarcaron que la canasta para medir la pobreza aún se basa en consumos de 2003-2004, lo que distorsiona el impacto real del encarecimiento de servicios desde fines de 2024. “Con una canasta más actualizada, la pobreza habría aumentado menos tras la devaluación de diciembre de 2023, pero también habría mostrado una reducción más lenta en los trimestres posteriores”, explicaron.
El informe reconstruyó además el desgaste acumulado durante más de una década, marcado por un modelo agotado que dio paso a un esquema económico con sectores de alta productividad y baja demanda de empleo. Esa estructura mejora las cuentas macroeconómicas, aunque no garantiza inclusión social. Según la UCA, sin políticas que acompañen la transición, existe riesgo de ampliar la brecha entre sectores integrados, grupos vulnerables y poblaciones excluidas.
El mercado laboral aparece como el núcleo del problema. La UCA indicó que la mejora inflacionaria no impulsó una recomposición salarial sólida ni frenó el deterioro de la calidad del empleo. Señaló también que el 33,1% de los hogares permanece fuera del sistema de seguridad social. “La mejora reciente en ingresos no se traduce en mayor cobertura contributiva; los estratos bajo y muy bajo continúan en los niveles más elevados de la serie”, subrayaron en el estudio.
La UCA cerró con una advertencia estructural: aunque la estabilización constituye un punto de partida necesario, no alcanza para recuperar movilidad social ni reducir desigualdad. Planteó que Argentina necesita un puente entre estabilidad macroeconómica e inclusión real, y dejó abierta la incógnita sobre si el nuevo régimen económico podrá construirlo o solo administrará un equilibrio social cada vez más limitado.
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