El Gobierno confirmó este viernes que las sesiones extraordinarias del Congreso se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, en un tramo legislativo diseñado para acelerar acuerdos políticos. La convocatoria se formalizó tras conocerse la nueva composición parlamentaria, en la que La Libertad Avanza reforzó su presencia en ambas Cámaras luego de una negociación directa con gobernadores que redujo el peso de la bancada peronista.
Con el inicio de esta etapa, la Casa Rosada buscará avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026, considerado la principal prioridad del oficialismo. El Gobierno pretende sancionar la iniciativa durante las tres semanas de actividad parlamentaria, aunque necesitará el respaldo del PRO, la UCR y los mandatarios provinciales para garantizar las mayorías necesarias. En paralelo, el Ejecutivo aspira a impulsar la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que requiere dictámenes más complejos debido a su paso por Presupuesto y Legislación Penal.
La administración de Milei analiza además realizar una cadena nacional el 10 de diciembre, en coincidencia con el segundo aniversario de su llegada al poder. La idea del equipo presidencial es presentar un balance político y económico antes del inicio formal de las extraordinarias, en un discurso pensado para reforzar el clima legislativo que demandará el tratamiento de los proyectos más sensibles.
El temario oficial incluye iniciativas que el Gobierno considera estratégicas para consolidar su programa económico. En esta primera etapa, figuran el Presupuesto 2026, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, la modificación a la Ley de Glaciares y un paquete de reformas laborales que incorpora cambios en vacaciones, jornadas y causales de desvinculación. La expectativa del oficialismo es obtener al menos una media sanción antes del receso.
Una segunda fase, prevista para febrero, retomaría los proyectos que logren avanzar durante diciembre y agregaría nuevas iniciativas. Entre ellas aparece la reforma del Código Penal, que una Bicameral deberá analizar para definir aumentos de penas y la imprescriptibilidad de determinados delitos. También se proyecta una reforma impositiva, aunque su contenido permanece bajo total hermetismo dentro del oficialismo.
Con estas definiciones, la Casa Rosada busca cerrar el año con señales políticas claras hacia el Congreso y los mercados, en un escenario donde el avance legislativo se vuelve determinante para sostener el programa económico del Gobierno.
