Argentina rechazó el avance petrolero en Malvinas

El Gobierno reafirmó este jueves su oposición al desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, luego del anuncio que realizaron las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, previamente sancionadas por la Argentina. Las firmas comunicaron su decisión final de inversión y avanzarán con un proyecto que, estiman, permitirá extraer millones de barriles de petróleo en una zona considerada parte de la plataforma continental argentina. La Cancillería respondió con un fuerte comunicado que volvió a cuestionar estas actividades.

Las empresas informaron que prevén iniciar la primera etapa del plan con una inversión de USD 1.170 millones, según un reporte presentado en la Bolsa de Tel Aviv. Este yacimiento fue descubierto en 2010 y se ubica a 220 kilómetros al norte del archipiélago, frente a las costas de Santa Cruz. Los cálculos del consorcio estiman un potencial cercano a 819 millones de barriles, lo que coloca al proyecto entre los más relevantes del Atlántico Sur. Las autoridades argentinas advirtieron que toda operación en esa zona requiere autorización oficial.

En su comunicado, la Cancillería manifestó que “la República Argentina expresa su más enérgico rechazo” a la decisión tomada por las “ilegítimas licenciatarias” Rockhopper y Navitas. El texto remarcó que la explotación unilateral de recursos naturales en áreas sujetas a disputa contradice resoluciones de Naciones Unidas, entre ellas la 2065 y la 31/49, que instan a las partes a evitar cambios mientras continúe el diferendo por la soberanía. El Gobierno afirmó que estas maniobras se encuadran dentro de una política contraria al derecho internacional.

Además, el comunicado detalló que ambas compañías “han sido oportunamente sancionadas” por operar ilegalmente en territorio argentino. Rockhopper recibió una inhabilitación de veinte años mediante la Resolución 133/2012, mientras que Navitas fue penada en 2022 por acciones similares. Cancillería advirtió que quienes participen en actividades de exploración o explotación sin permisos válidos quedarán expuestos a medidas administrativas, legales y judiciales, aun en ámbitos internacionales. Para el Gobierno, se trata de actos unilaterales con impactos irreversibles.

El proyecto Sea Lion despertó nuevas tensiones diplomáticas porque los británicos no cuentan con la infraestructura necesaria y buscan consolidar un desarrollo que podría modificar la economía isleña. Según The Telegraph, el campo contendría hasta 1.700 millones de barriles, superando ampliamente a Rosebank, el mayor proyecto en el Mar del Norte. Estudios privados calculan que la explotación podría aportar USD 10.000 millones al PBI de las islas durante su vida útil, además de generar importantes ingresos fiscales.

En paralelo, la provincia de Tierra del Fuego reiteró su rechazo y denunció un avance “unilateral, ilegal y provocador” por parte del Reino Unido. El secretario Andrés Dachary pidió una reunión urgente del Consejo Nacional de Malvinas y afirmó: “Es el saqueo material de recursos que pertenecen a los fueguinos y a todos los argentinos”. También exigió aplicar sanciones penales y administrativas a los responsables. Las autoridades nacionales recordaron que defenderán sus derechos soberanos y profundizarán las medidas necesarias para impedir nuevos avances británicos.