Las universidades públicas manifestaron preocupación tras el dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El texto mantuvo sin cambios el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio fiscal. Según advirtieron, el esquema propuesto resultó insuficiente para atender necesidades operativas y compromisos salariales del sector. En este contexto, las entidades alertaron sobre consecuencias directas en la planificación académica y administrativa del sistema universitario.
Además, el dictamen incorporó un artículo que propuso derogar la Ley de Financiamiento Universitario por mayoría simple. Las organizaciones recordaron que esa norma fue aprobada con mayoría agravada tras extensos debates en diputados. También señalaron que su aplicación permanece pendiente de resolución en el ámbito judicial. Por ese motivo, consideraron que la iniciativa en diputados generó un escenario de mayor incertidumbre institucional
Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales remarcaron la gravedad del avance parlamentario registrado. Las entidades señalaron que el dictamen no respondió a reclamos expresados durante meses por docentes, estudiantes y autoridades. En consecuencia, afirmaron que la medida profundizó una situación crítica que ya afectaba el normal funcionamiento de las casas de estudio. Asimismo, sostuvieron que el tratamiento legislativo representó una señal política negativa para el sector educativo.
En ese marco, las organizaciones exhortaron a los diputados que acompañaron la ley vigente a mantener su postura. Recordaron que ese respaldo se construyó tras una amplia manifestación de la sociedad argentina. Según expresaron, el nuevo dictamen desconoció ese consenso previo alcanzado en el Congreso. Por lo tanto, interpretaron la iniciativa como una provocación innecesaria hacia la comunidad universitaria y científica.
Las entidades firmantes advirtieron con antelación sobre los efectos del esquema presupuestario propuesto. Indicaron que, en estas condiciones, resultó imposible garantizar el desarrollo normal de actividades durante 2026. La falta de recursos impactaría en clases, investigación, extensión universitaria y programas de becas. También afectaría la continuidad de proyectos científicos en marcha en distintas regiones del país.
El pronunciamiento fue difundido el 16 de diciembre de 2025 por el Frente Sindical, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las organizaciones coincidieron en señalar que el sistema universitario atraviesa una etapa de extrema fragilidad. Reiteraron el pedido de revisión del dictamen antes de su tratamiento en el recinto. De lo contrario, advirtieron que el conflicto podría profundizarse durante el próximo año académico.
