Caso Pablo Grillo: la cámara ratifica el procesamiento

La Cámara Federal confirmó este viernes el procesamiento del cabo primero Héctor Guerrero por las lesiones provocadas al fotógrafo Pablo Grillo. El fallo fue firmado por los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, integrantes de la Sala II. De este modo, el tribunal ratificó la responsabilidad penal provisoria del gendarme por su actuación durante una protesta social. Además, la resolución dejó al imputado a un paso del juicio oral por delitos graves.

En ese marco, los camaristas sostuvieron la acusación por lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos agravados por su función. Guerrero está acusado de disparar una granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. El hecho ocurrió durante la marcha en defensa de los jubilados realizada el 12 de marzo pasado, cerca del Congreso. Como consecuencia, el fotógrafo sufrió heridas severas que pusieron en riesgo su vida.

Según la resolución judicial, Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanza gases en un lapso de veintidós minutos.
Los jueces indicaron que los disparos se realizaron de manera “prácticamente horizontal” y dirigidos hacia los manifestantes. Uno de esos proyectiles impactó directamente en Grillo, provocándole fractura expuesta de cráneo y hematomas intracraneales. El Cuerpo Médico Forense concluyó que esas lesiones “pusieron en riesgo su vida”.

A partir de las pruebas reunidas, el tribunal destacó la importancia de las imágenes, peritajes y reconstrucciones técnicas incorporadas. Ese material mostró que el disparo fue realizado “en forma directa –horizontal– hacia el conjunto de personas” frente al cordón policial. Los magistrados consideraron que esa modalidad resulta antirreglamentaria y altamente peligrosa en contextos de protesta social. Incluso, citaron manuales y estándares internacionales sobre el uso de armas menos letales.

En ese sentido, la Cámara recordó que “nunca deben dispararse cartuchos de gas lacrimógeno directamente hacia una persona”. Los jueces remarcaron que ese tipo de impacto puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Por lo tanto, sostuvieron que la conducta atribuida a Guerrero se apartó de los protocolos vigentes. Este análisis fue central para confirmar el procesamiento del gendarme imputado.

Finalmente, el juez Roberto Boico puso el foco en la necesidad de ampliar la investigación más allá del tirador. Señaló que el análisis no puede limitarse a una conducta individual en un operativo de seguridad complejo. Por ello, pidió profundizar la pesquisa sobre las decisiones operativas y órdenes impartidas durante el procedimiento. Así, la causa abre la posibilidad de investigar responsabilidades superiores vinculadas al uso de la fuerza estatal.

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