
El gobernador alertó sobre los recortes de Nación en salud, educación y transporte. Aseguró que Tucumán sigue invirtiendo con recursos propios.
La Legislatura tucumana sesionará este jueves a las 9:30 para tratar la ratificación del decreto que intervino el municipio de Juan Bautista Alberdi. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó la medida por decreto de necesidad y urgencia (DNU). La intervención incluye al Departamento Ejecutivo y al Concejo Deliberante. Según explicaron desde el Gobierno, la decisión responde a un colapso institucional y a presuntas vinculaciones con el narcotráfico.
El vicegobernador Miguel Acevedo, presidente de la Legislatura, confirmó que el decreto ingresó el lunes. Señaló que la sesión será extraordinaria y tendrá un solo punto en agenda. “No habrá labor parlamentaria, se tratará un único tema”, explicó. Acevedo también adelantó que se reunirá con legisladores de distintos bloques. Aseguró que no habrá dificultades para aprobar el decreto: “Mientras tanto, el DNU está vigente y cuando sea ratificado se transformará en ley”.
En ese contexto, el Gobierno provincial ya organizó un equipo de trabajo para garantizar la continuidad de los servicios básicos. “Hemos formado un equipo de trabajo para atender las funciones esenciales del municipio: limpieza, servicios y cuidado de la ciudad”, dijo Jaldo. El gobernador también confirmó que gestionarán fondos para mejorar la infraestructura. Entre las obras mencionó el acceso principal a la ciudad, clausurado desde hace años, y la red cloacal.
La decisión generó impacto por la gravedad de los motivos que la originaron. “Nosotros queremos lo mejor para la gente de Alberdi. A veces hay que tomar medidas extremas cuando las instituciones locales están desbordadas”, declaró Jaldo. Subrayó que el Ejecutivo actuó para resguardar a la población y normalizar el funcionamiento del municipio. “El Gobierno de la Provincia está a disposición para normalizar la situación”, sostuvo.
La intervención total implica la suspensión de las autoridades locales. Esto afecta tanto al intendente como a los concejales del municipio del sur tucumano. La situación fue considerada crítica por las autoridades provinciales, quienes remarcaron que la medida busca evitar que se agrave el desorden institucional.
Además, la ley 5529 establece que se deberán convocar elecciones municipales dentro de los 180 días posteriores a la intervención. Es decir, Alberdi podría renovar sus autoridades antes de fin de año. Hasta entonces, el control del municipio estará a cargo de un delegado designado por el Poder Ejecutivo, el contador público Guillermo Norry.
El respaldo político al decreto fue unánime en el Ejecutivo. Todos los ministros apoyaron la decisión. Se espera que la Legislatura la apruebe con mayoría simple. Jaldo destacó que la medida es parte de una política estatal para enfrentar hechos delictivos que comprometen la institucionalidad. “Queremos que Alberdi vuelva a tener un municipio al servicio de su gente, y no vinculado a actividades delictivas”, afirmó el gobernador.
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