El Gobierno nacional oficializa una modificación en la forma de calcular el precio del gas natural que pagan los usuarios residenciales en todo el país. La medida establece un esquema uniforme anual que elimina las variaciones estacionales históricas reflejadas en las facturas mensuales.
La decisión queda formalizada mediante el Decreto 26/2026, publicado en el Boletín Oficial, y sustituye un punto central del anexo del decreto que dio origen al Plan Gas.Ar. A partir de ahora, el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte deja de ajustarse según la época del año. En su lugar, se fija un Precio Anual Uniforme.
Este cambio redefine el mecanismo de traslado del valor del gas a la demanda, conforme a las Reglas Básicas de las Licencias de Distribución por redes. El Estado nacional asume las diferencias positivas o negativas que surjan entre el precio uniforme y el consumo real. El objetivo es amortiguar el impacto de los picos invernales sin afectar la cadena de pagos del sector.
En ese marco, la norma establece que la porción del Precio Anual Uniforme cubierta por subsidios podrá ser igual, inferior o superior al valor de mercado. Esa definición queda en manos de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, según cada situación particular. De esta manera, el esquema introduce mayor flexibilidad en la política de asistencia estatal.
El ajuste se integra al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado a usuarios residenciales de electricidad, gas natural, garrafas de GLP y gas propano por redes. Las bonificaciones se aplican sobre el costo promedio ponderado anual del gas, que surge principalmente de los contratos del Plan Gas.Ar. El objetivo central es evitar aumentos bruscos en las facturas.
El decreto aclara que estas modificaciones no alteran el funcionamiento general del Plan Gas.Ar ni afectan los ingresos de los productores. Las empresas continúan percibiendo el precio ofertado en las subastas, con los ajustes estacionales correspondientes. La intención oficial es preservar el abastecimiento, sostener la producción y ordenar el esquema de subsidios.
La medida rige desde hoy, aunque el precio final será definido por la autoridad de aplicación en las próximas resoluciones. La política energética del Gobierno apunta a redefinir el rol del Estado en el sostenimiento tarifario. El enfoque combina eficiencia del gasto público y protección de los sectores más vulnerables del sistema energético.
