La Iglesia Católica Argentina expresó su rechazo al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad penal y pidió a los legisladores nacionales que no avancen con la iniciativa. La postura fue manifestada a través de una carta abierta firmada por Cáritas Argentina y las comisiones episcopales de Pastoral Social y Pastoral Carcelaria.
En el documento, la Iglesia sostuvo que la reducción de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta eficaz frente al delito juvenil y advirtió que, lejos de resolver el problema, podría agravarlo. Según el texto, la experiencia demuestra que endurecer las penas no disminuye la violencia ni mejora la seguridad pública.
Los firmantes señalaron que la propuesta carece de sustento técnico y responde a un contexto de oportunismo electoral. En ese sentido, reclamaron que el debate se base en evidencia y no en reacciones inmediatas frente a hechos de inseguridad que generan conmoción social. La postura cuenta además con el respaldo de organismos como UNICEF y de entidades médicas y jurídicas especializadas en niñez y adolescencia.
La carta remarca la necesidad de priorizar políticas públicas integrales que incluyan educación, acompañamiento social y atención de la salud mental, como herramientas centrales para prevenir el delito. Para la Iglesia, el foco debe estar puesto en la inclusión y la protección de derechos, y no en el castigo penal a edades tempranas.
“Reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, advirtieron. En ese sentido, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación por sobre el enfoque punitivo. Además, señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico.
Los obispos también manifestaron su malestar porque, si bien fueron convocados a participar del debate legislativo, sus aportes no se reflejaron en el texto del proyecto. En ese marco, advirtieron sobre el uso mediático del dolor social y remarcaron que la problemática del delito juvenil no puede abordarse de manera simplificada.
Otro de los puntos centrales del documento es el cuestionamiento a la capacidad institucional del Estado para implementar un nuevo régimen penal juvenil. La Iglesia se preguntó si existen los recursos, la infraestructura y los equipos técnicos necesarios para garantizar un abordaje adecuado y respetuoso de los derechos de los adolescentes.
Finalmente, el texto subraya que el desarrollo cerebral de los adolescentes aún está en proceso y objeta la aplicación de penas propias del régimen de adultos a menores de edad. Además, advierte sobre posibles inconstitucionalidades y contradicciones con tratados internacionales y leyes de protección integral de la niñez, y señala que en países con menor edad de imputabilidad se registran mayores niveles de violencia, lo que refuerza la idea de que el castigo no es la solución.
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