
Las condiciones de prisión domiciliaria que deberá cumplir Cristina Kirchner
La medida se aplicará desde hoy mismo en su domicilio de la calle San José 1111, barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.
El Tribunal Oral Federal 2 otorgó este martes la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. La expresidenta cumplirá la condena de seis años en su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La decisión se notificó por videoconferencia, y evitó así su traslado a Comodoro Py. Mientras tanto, agrupaciones políticas y sindicales mantuvieron una vigilia ininterrumpida frente al domicilio, en señal de apoyo.
Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu firmaron el fallo que establece el cumplimiento de la pena bajo control electrónico. La medida incluye el uso de una tobillera, restricción de visitas y limitación de movimientos. Según explicaron fuentes judiciales, "la expresidenta no podrá abandonar su domicilio salvo en situaciones excepcionales y deberá justificarlo debidamente".
Desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema, militantes del peronismo se concentraron en las inmediaciones de su departamento. Agrupaciones barriales, organizaciones sindicales y dirigentes provinciales formaron parte del acompañamiento. Aunque el fallo evitó su traslado, los manifestantes permanecieron allí durante toda la jornada, con cánticos y pancartas de respaldo.
El tribunal aclaró que Cristina Kirchner deberá presentar en 48 horas hábiles una lista con las personas autorizadas a ingresar. El listado incluirá a sus abogados, médicos y familiares directos. Toda persona ajena deberá contar con una autorización expresa del juez. “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”, señala el texto.
Además, la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad deberá colocar el dispositivo de control en las próximas horas. El fallo también dispuso que la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal informe cada tres meses sobre el cumplimiento del arresto domiciliario.
Pese a la decisión judicial, la convocatoria impulsada por la CGT y otros sectores del peronismo no fue desactivada. Si bien no habrá paro general, muchas organizaciones confirmaron su intención de sostener la movilización como señal política. “Esto no es un privilegio. Es un derecho humano básico frente a una situación de amenaza latente”, expresó el abogado de Cristina, Alberto Beraldi.
El letrado recordó que su defendida “fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales podrían tener relación con el Ministerio de Seguridad”. En ese sentido, mencionó al diputado Gerardo Milman, exfuncionario de la actual ministra Patricia Bullrich, quien continúa imputado en esa causa.
La fiscalía, encabezada por Diego Luciani y Sergio Mola, se había opuesto a la domiciliaria. Argumentaron que la expresidenta “no padece problemas de salud” y que su edad “no justifica ese beneficio”. Sin embargo, el tribunal desestimó los planteos y tuvo en cuenta el contexto de seguridad y la custodia federal permanente que debe garantizarse a todo expresidente.
En paralelo, el Gobierno nacional buscó evitar que la imagen de una multitud respaldando a Cristina Kirchner frente a los tribunales se convirtiera en noticia internacional. Según trascendió, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habría sugerido que “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales”. La gestión de Javier Milei considera que una marcha masiva afectaría su discurso de legitimidad institucional.
Con el fallo ya confirmado, el foco ahora está en los organizadores de la movilización. Las agrupaciones evalúan si mantener la convocatoria o transformarla en una jornada de vigilia permanente. Por ahora, las banderas siguen flameando frente al domicilio de la expresidenta.
Mientras tanto, Cristina Kirchner comenzará a cumplir su pena bajo estrictas reglas. En el entorno judicial reconocen que se trata de una situación inédita, con fuerte impacto político y social. Pero también coinciden en que “el fallo desactiva un conflicto de alta exposición pública”.
Lo que no desactivó es el respaldo popular. A lo largo del día, cientos de personas se turnaron para sostener la vigilia. “Cristina no está sola”, repiten los militantes, con los ojos puestos en una causa que, para muchos, tiene más de persecución que de justicia.
La medida se aplicará desde hoy mismo en su domicilio de la calle San José 1111, barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.
Luciani y Mola justificaron en un dictamen su posición sobre el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner.
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