Gonzalo Mohamad
Las audiencias del juicio por el hundimiento del ARA San Juan se reanudan en Río Gallegos tras una semana de cuarto intermedio. El proceso busca determinar las responsabilidades de miembros de la Armada Argentina por el hecho que terminó con la vida de 44 tripulantes. La causa retoma su curso en un clima de tensión marcado por nuevos planteos de los familiares de las víctimas.
El debate oral comenzó el 3 de marzo ante el Tribunal Oral de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como suplente. En el banquillo se encuentran los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Todos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte.
En las últimas semanas, el proceso sumó un nuevo foco de conflicto a partir del pedido de algunos familiares para que se realicen pericias más exhaustivas sobre el material probatorio. La solicitud fue presentada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes, quien insiste en analizar cerca de cinco terabytes de imágenes y videos del submarino. Este reclamo ya había sido planteado en varias oportunidades desde 2019.
Según los familiares, el análisis técnico integral de ese material es clave para esclarecer lo ocurrido y avanzar hacia la verdad. Advierten que, sin esas pericias, el juicio podría concluir con condenas limitadas sin determinar completamente las responsabilidades. En ese marco, sostienen que profundizar la investigación es indispensable para comprender los hechos en su totalidad.
Por su parte, la abogada Valeria Carreras, representante de la querella mayoritaria que agrupa a 34 familias, señaló que no considera oportuno realizar estas pericias en esta etapa del proceso. Si bien reconoció el interés por conocer los últimos momentos del submarino, planteó dudas sobre el impacto que podría tener en la duración del juicio. “Si no se puede, ¿cuánto más va a tardar la duración de este juicio?”, expresó.
Durante las primeras audiencias, la fiscalía sostuvo que el hundimiento no fue un hecho fortuito, sino una “tragedia previsible”. En la etapa de instrucción se detectaron fallas críticas de mantenimiento y advertencias previas sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingreso a dique seco. Para el juicio están citados 120 testigos y se prevé que las audiencias continúen de manera alternada hasta julio, con jornadas de lunes a jueves en semanas intercaladas.
