Gonzalo Mohamad
La causa que involucró a cuatro exfutbolistas de Vélez Sarsfield sumó un nuevo capítulo favorable para los acusados. La Justicia tucumana rechazó los planteos presentados por la querella y confirmó el sobreseimiento de los jugadores, quienes habían sido denunciados por una joven por un presunto abuso sexual. De esta manera, los deportistas obtuvieron su segundo fallo favorable en menos de seis meses.
La denuncia fue presentada el 7 de marzo de 2024. Según expuso la joven ante las autoridades, el hecho habría ocurrido días antes en un hotel ubicado en la zona del ex Abasto de San Miguel de Tucumán, luego de un partido disputado entre Vélez Sarsfield y Atlético Tucumán.
A partir de la investigación impulsada por la fiscala María Eugenia Posse, fueron imputados los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio. El caso tuvo una amplia repercusión a nivel nacional debido a la gravedad de la acusación y a la notoriedad de los involucrados.
Sin embargo, en diciembre de 2025, el juez Augusto Paz Almonacid rechazó un pedido de exclusión probatoria presentado por la querella y resolvió dictar el sobreseimiento de los cuatro acusados. En su resolución, sostuvo que las pruebas reunidas permitían concluir que se trató de una relación consentida y no de un abuso sexual.
Los representantes legales de la denunciante, José Díaz, Juan Andrés Robles y Pedro Parra, impugnaron esa decisión. Tras cumplirse las distintas etapas procesales, se desarrollaron cuatro audiencias que se extendieron por más de 30 horas, en las que la querella insistió en revisar las pericias realizadas sobre teléfonos celulares, revertir el sobreseimiento, mantener las medidas cautelares y evitar el envío del expediente a la Justicia Federal.
Finalmente, la jueza Patricia Carugatti resolvió ratificar el sobreseimiento de los cuatro futbolistas, levantar las medidas cautelares de menor intensidad que aún permanecían vigentes y remitir una copia del expediente a la Justicia Federal. De esta manera, se analizará si corresponde abrir una investigación paralela para determinar la posible comisión del delito de trata de personas.
