Tras el fallo de la Corte, el Gobierno negocia con aliados para sostener el DNU 70/2023

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva ronda de negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores para garantizar la continuidad del DNU 70/2023. La decisión responde al escenario político que abrió el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. En la Casa Rosada reconocen que la resolución judicial reactivó los cuestionamientos opositores y aceleró las gestiones para evitar que la Cámara de Diputados rechace el decreto. 

El oficialismo busca impedir que la Cámara baja acompañe la decisión que tomó el Senado en marzo de 2024. En aquella oportunidad, la mayoría de los legisladores rechazó el DNU con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Sin embargo, el decreto continúa vigente porque Diputados todavía no completó el procedimiento legislativo. La Ley 26.122 establece que ambas cámaras deben pronunciarse en contra para que un decreto de necesidad y urgencia pierda validez.

El nuevo escenario surgió después de que la Corte Suprema revocara la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. Ese apartado eliminó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones para la adquisición de terrenos por parte de personas y empresas extranjeras. El máximo tribunal consideró que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para promover la demanda. No obstante, la resolución no determinó la constitucionalidad de fondo de la derogación. 

La decisión judicial volvió a instalar una discusión que el Gobierno consideraba encaminada. Aunque el fallo favoreció su posición jurídica, también reactivó las iniciativas opositoras para avanzar contra el decreto en el Congreso. Por eso, el Ejecutivo busca aprovechar las próximas semanas para construir acuerdos y reducir las diferencias con sus aliados parlamentarios.

La Ley de Propiedad Privada, una herramienta para negociar

Entre las alternativas que analiza el oficialismo aparece la posibilidad de retomar el debate sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y espera tratamiento en Diputados. Durante la discusión anterior, el Gobierno debió retirar las modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras ante las objeciones de algunos bloques que necesitaba para aprobar el proyecto.

Ahora, la Casa Rosada evalúa introducir nuevamente esa cuestión en la iniciativa. La propuesta permitiría negociar un esquema de restricciones a la extranjerización de tierras rurales a cambio de conseguir el respaldo necesario para sostener el DNU. De esta manera, el oficialismo buscaría separar la controversia sobre la propiedad de terrenos rurales del resto de las reformas incluidas en el decreto. 

La estrategia contempla una posible concesión en materia de tierras para preservar el conjunto de la norma. Dentro del Gobierno consideran que insistir con la eliminación de todas las restricciones podría dificultar los acuerdos y favorecer la unión de distintos sectores opositores. Por eso, la prioridad actual consiste en evitar que ese punto se convierta en el motivo de un rechazo integral.

El Ejecutivo también utiliza el argumento de la seguridad jurídica en sus conversaciones con los legisladores. El DNU 70/2023 introdujo modificaciones en numerosos sectores, entre ellos los alquileres, el comercio, los servicios, la salud, las sociedades y la actividad aerocomercial. Una eventual derogación abriría interrogantes sobre la continuidad de esas disposiciones y el marco regulatorio que se aplicaría en adelante.

Sin embargo, la Ley 26.122 establece que los derechos adquiridos durante la vigencia de un decreto rechazado por el Congreso quedan protegidos. Por lo tanto, el debate se concentraría en las consecuencias futuras de una eventual derogación y en las normas que deberían reemplazar las disposiciones alcanzadas.

El oficialismo busca cerrar acuerdos antes de 2027

La Casa Rosada considera que todavía dispone de tiempo para encauzar las negociaciones antes de que la campaña electoral de 2027 condicione la actividad parlamentaria. En ese sentido, busca avanzar por dos vías: abrir nuevamente la discusión sobre la Ley de Tierras y conseguir que los bloques aliados no acompañen el rechazo del DNU.

Mientras tanto, distintos sectores de la oposición comenzaron a impulsar una nueva votación en Diputados para completar el procedimiento que inició el Senado. El oficialismo intenta anticiparse a esa posibilidad mediante acuerdos con legisladores y mandatarios provinciales.

El resultado de esas conversaciones será determinante para el futuro del decreto. La estrategia gubernamental apunta a preservar las reformas generales del DNU 70/2023, aun cuando deba aceptar modificaciones en uno de sus puntos más controvertidos. La discusión sobre la propiedad de las tierras rurales, por lo tanto, podría convertirse en una de las principales piezas de negociación para definir el rumbo legislativo de los próximos meses.