El debate oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez comenzará este lunes en Tucumán. El proceso tendrá tres imputados, alrededor de 70 testigos y un pedido de prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, señalado como presunto autor del crimen. Las audiencias se extenderían hasta el 11 de diciembre.
El fiscal Pedro Gallo sostendrá la acusación contra Sosa por femicidio y solicitará la pena máxima. También pedirá seis años de prisión para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, imputados por encubrimiento. En tanto, Nicolás Navarro Flores ya recibió una condena de tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado, luego de reconocer su participación en ese delito.
El tribunal estará integrado por los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Elina Gómez Moreira. La Fiscalía estará representada por Gallo, mientras que Carlos Garmendia actuará como querellante en nombre de la familia de la víctima. Las defensas estarán a cargo de Marcelo Cosiansi y Rubén Flores por Sosa; María Florencia Abdala y Camilo Atim por Gordillo; y Juan Pablo Bello por Díaz.
Si no surgen planteos preliminares, la primera audiencia estará destinada a los alegatos de apertura. Allí, la Fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus respectivas versiones de los hechos y anticiparán las pruebas que presentarán durante el debate. Entre los testimonios previstos figuran los de investigadores policiales, peritos, familiares, especialistas forenses y personas vinculadas laboralmente con los acusados.
Uno de los testimonios que genera expectativa es el de Navarro Flores, cuyas declaraciones durante la investigación fueron importantes para reconstruir lo ocurrido después de la muerte de Érika. Su condena por encubrimiento también será un elemento que las partes podrán considerar al evaluar la credibilidad de sus dichos. Además, declararán profesionales que participaron en la autopsia y en los análisis de los teléfonos celulares incorporados al expediente.
Durante el juicio también podrían surgir cuestiones relacionadas con otras líneas de investigación. Los familiares de Érika mencionaron presuntos vínculos de Sosa con la comercialización de estupefacientes y su relación con Carlos “El Paraguayo” Ferreira, señalado por supuestas conexiones con el narcotráfico. Sin embargo, los posibles delitos vinculados con drogas no forman parte de la acusación que se analizará en este debate.
El proceso también abordará el reclamo económico de la familia: inicialmente, la indemnización superaba los $500 millones, pero quedó fijada en más de $200 millones, luego de que se determinara que solo los padres podían formularlo. A esa suma se agregan los $100 millones que Navarro Flores se comprometió a pagar en el marco del juicio abreviado.
