El juicio oral por la muerte de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, comenzó una instancia clave con la presentación de los argumentos iniciales de cada una de las partes. El tribunal está conformado por los jueces María Laura Mibelli, Gonzalo Ortega y Eliana Gómez Moreira, quienes deberán analizar las pruebas y las distintas versiones sobre el caso.
La investigación se centra en los hechos ocurridos el 7 de enero en una casa de Yerba Buena y en el posterior hallazgo del cuerpo de la joven en Manantial Sur. En la primera audiencia, tanto la Fiscalía como la querella y los abogados defensores expusieron sus posiciones sobre lo sucedido y las responsabilidades que atribuyen a los acusados.
El fiscal Pedro Gallo mantuvo el pedido de prisión perpetua para Felipe “El Militar” Sosa, de 51 años, a quien señala como responsable de la muerte de Álvarez a golpes dentro de su vivienda. Además, solicitó seis años de cárcel para Justina Gordillo, de 48 años, expareja del acusado y empleada judicial, y para Jorge “Chicho” Díaz, quien trabajaba para Sosa. Ambos están imputados por encubrimiento triplemente agravado.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Gordillo y Díaz habrían intervenido en acciones destinadas a ocultar el cuerpo, eliminar rastros y preservar armas. Carlos Garmendia, abogado de los padres de la víctima, respaldó el planteo fiscal y consideró que los elementos reunidos durante la investigación constituyen una prueba “abrumadora”.
La representación legal de Sosa, a cargo de Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, cuestionó la acusación por femicidio y negó que el imputado haya cometido el crimen. Cosiansi admitió que la joven murió en la vivienda de su defendido y que este resolvió esconder el cuerpo, aunque atribuyó esa decisión a un “ataque de pánico”.
Para sostener su postura, los abogados buscarán poner en duda las conclusiones de las pericias médico-forenses, al señalar diferencias entre los profesionales que participaron en ellas. También intentarán incorporar una hipótesis alternativa vinculada con presuntos contactos de Álvarez con el narcotráfico, una línea que la defensa utiliza para explicar el temor y el comportamiento posterior del acusado.
La defensa de Gordillo, representada por Camilo Atim y María Florencia Abdala, negó que la mujer haya colaborado en un plan para evitar que se esclareciera el caso. Sus abogados señalaron que el abandono del cuerpo ocurrió mientras ella estaba trabajando y afirmaron que los movimientos de vehículos, la extracción de dinero y las gestiones para viajar estaban relacionados con acuerdos familiares anteriores, no con una posible fuga ni con un beneficio económico.
En tanto, Juan Pablo Bello, abogado de Díaz, sostuvo que su cliente acudió al lugar para cumplir tareas laborales, entre ellas cambiar cubiertas y cortar el césped. Respecto del traslado de un arma a una agencia de seguridad, afirmó que Díaz actuó por instrucción de su empleador. Con ese argumento, la defensa busca descartar que su intervención haya tenido como finalidad encubrir el crimen.
