Canal 10
Una mujer fue condenada a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por protagonizar una serie de estafas utilizando la identidad de una vecina de San Miguel de Tucumán. La acusada había encontrado un DNI y una tarjeta de crédito que la víctima perdió en el centro tucumano y, durante más de tres meses, los utilizó para obtener créditos, realizar compras y retirar dinero en efectivo por una suma cercana a los $30 millones.
La sentencia se estableció mediante un juicio abreviado, luego de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I.
Cómo comenzó la estafa
El caso se inició en enero de 2026, cuando la víctima realizaba compras por la zona de Junín y El Bajo donde extravió su riñonera. Dentro de esta llevaba un porta documentos con su DNI original y una tarjeta de crédito.
La acusada encontró ambos elementos y, pese a conocer la identidad de su propietaria, decidió quedarse con ellos en lugar de devolverlos o informar sobre el hallazgo.
Entre el 27 de enero y el 10 de febrero comenzó a utilizar la documentación para hacerse pasar por la titular y concretó distintas operaciones comerciales, las cuales alcanzaron un total de $3.234.659.08.
Posteriormente, siguieron las maniobras mediante la apertura de cuentas y la solicitud financiaciones, utilizando también recibos de sueldo de la damnificada que había obtenido de forma indebida.
Prestamos, compras y retiros de dinero
La investigación permitió reconstruir una serie de operaciones realizadas en distintas entidades financieras y comercios de la capital tucumana.
Entre el 24 y el 25 de febrero, la mujer abrió una cuenta crediticia y gestionó un préstamo personal en Rapicuotas por $2.646.000 netos. Al día siguiente, consiguió otro crédito en Castillo Central por $1.985.413,92.
El 8 de marzo, contactó al call center de Credimás y, utilizando la documentación sustraída, abrió una cuenta de tarjeta de crédito. Luego retiró el plástico en la casa central y realizó compras en comercios céntricos, además de solicitar préstamos virtuales por $1.217.038,92. Durante ese mismo mes también engañó a Electrónica Megatone SRL (On City) para acceder a un crédito de consumo por $2.735.000.
Las maniobras continuaron el 1 de abril, cuando se presentó en Tarjeta Titanio con el DNI extraviado y recibos de sueldo obtenidos de manera indebida a través de la plataforma estatal Digituc. Allí consiguió una cuenta de tarjeta de crédito y realizó operaciones por $1.193.242,91 en distintos locales comerciales.
Una semana después, el 8 de abril, se presentó en una sucursal del Banco Macro y engañó a las cajeras para retirar $2.084.300 en efectivo de la cuenta bancaria de la víctima.
El 17 de abril volvió a operar en Castillo Central, esta vez acompañada por otro hombre. Mediante los datos salariales obtenidos de Digituc, ambos consiguieron una ampliación de crédito personal por $11.911.304,91. En esa operación, el acompañante firmó como usuario adherente para adquirir una motocicleta valuada en $7.221.000.
El 29 de abril, la acusada se presentó en Tevelin SA, donde falsificó la firma de la damnificada para gestionar un crédito personal con descuento por planilla de haberes. De esa manera, retiró artículos tecnológicos por $2.639.141.
La última operación registrada antes de su detención ocurrió el 5 de mayo en el comercio Mobilar, donde obtuvo un crédito en cuenta corriente que le permitió llevarse productos por $200.900.
Cómo descubrieron la maniobra
La mujer fue descubierta el 8 de mayo de 2026 cuando regresó a la sucursal del Banco Macro e intento retirar otros $100.000 de la cuenta de la víctima.
Un empleado de seguridad la reconoció por una operación similar realizada semanas antes y alerto al personal de caja. Al comprobar que los datos biométricos y la firma no coincidían con los de la verdadera titular, los trabajadores dieron aviso a la Policía.
La condena y los agravantes
La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila, con la intervención del auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto.
El proceso concluyó mediante un juicio abreviado, que estableció una pena de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Para fundamentar la sanción, la acusación pública tuvo en cuenta la cantidad y reiteración de los hechos, la planificación de las maniobras y su extensión durante varios meses.
También valoró el uso sistemático de la identidad de la víctima, la cantidad de comercios y entidades perjudicadas y la magnitud del daño económico.Entre los agravantes se destacó, además, el elevado grado de organización de las operaciones y la afectación simultánea del patrimonio de la damnificada y de la fe pública.
