El Gobierno no aplicará la ley de financiamiento universitario
Las Universidades Nacionales recibirán una asignación de 4,8 billones de pesos en el 2026. El Consejo Interuniversitario Nacional solicita 7,2 billones de pesos; ellos piden la aplicación de la ley que establece la actualización progresiva de recursos. La ley fue insistida por el Congreso Nacional, luego del veto presidencial. El Gobierno decidió no aplicarla; argumenta que la norma no definía el origen de los fondos.
Las partidas se contemplan en el Presupuesto 2026, enviado al Poder Legislativo. El Gobierno buscará su aprobación con apoyo de los diputados aliados; las sesiones extraordinarias se realizarán entre el 10 y el 31 de diciembre. El monto reclamado también cubriría una recomposición salarial para el personal docente y no docente. El Gobierno rechaza esta petición del Consejo Interuniversitario Nacional. Diputados aliados no descartan un incremento; ellos informaron esto a la Agencia Noticias Argentinas.
El Presupuesto Nacional 2026 establece nuevos criterios de rendición de gastos. Las universidades deberán seguir estas pautas para obtener los recursos proyectados. El Gobierno dispuso una nueva exigencia; las casas de estudio deben presentar información ante la Subsecretaria de Políticas Universitarias. Esta información es necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos por todo concepto.
El proyecto de ley agrega un punto: “El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”. La normativa también exige indicar la clasificación funcional. El presupuesto aprobado por cada universidad debe detallar: educación y cultura; salud y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y la cuenta de inversión deberán considerar este clasificador funcional.
El Gobierno tampoco aplicará la Ley de Financiamiento Docente por tercer año. La norma establecía un destino del 6% del PBI a la educación. Tampoco se aplicarán los niveles de inversión en otras dos leyes clave: la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología. La Oficina de Presupuesto (OPC) destacó la decisión de “derogar los pisos de inversión de la ley de Educación Nacional”. Señaló además: "la modificación planteada consiste en la eliminación de valores de referencia establecidos por norma quedando dichas asignaciones definidas anualmente por las respectivas leyes de presupuesto".
La OPC indicó que el objetivo de inversión del 6% del PBI se cumplió una sola vez. También se destaca el bajo cumplimiento en otras áreas; “el piso del 0,2% de los ingresos corrientes para la Educación Técnico Profesional sólo se alcanzó en su primer año de existencia del fondo. En lo que respecta a Ciencia y Tecnología, nunca se alcanzaron las metas de crecimiento progresivo para la función”.
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