Impulsan un proyecto de ley para prohibir los celulares en cárceles
El Congreso nacional volvió a poner en discusión el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles a partir de un proyecto que propone prohibirlos completamente en todos los establecimientos penitenciarios del país. La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Silvana Giudici y cuenta con el acompañamiento de más de 50 legisladores. El objetivo es impedir que desde las prisiones se sigan coordinando delitos.
La propuesta plantea modificar la Ley 24.660, que regula el régimen de ejecución de la pena, para incorporar un artículo que establezca la prohibición de poseer o utilizar dispositivos de comunicación inalámbrica. La medida alcanza a celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier otro equipo que permita conectarse a redes.
El texto del proyecto solo prevé una excepción vinculada a actividades educativas, laborales o programas de reinserción social. En esos casos, se permitiría el uso de equipamiento informático previamente autorizado y bajo estricta supervisión de las autoridades penitenciarias.
Además, la iniciativa busca endurecer las sanciones disciplinarias dentro de los penales. La posesión o el ocultamiento de celulares, así como facilitar su ingreso o intentar conectarse a internet por vías no habilitadas, pasarían a ser consideradas faltas graves dentro del régimen penitenciario.
Desde el entorno de la autora sostienen que la propuesta intenta cerrar una brecha que se amplió durante la pandemia, cuando se permitió el uso de celulares debido a la suspensión de visitas. Según ese diagnóstico, esa decisión derivó en un aumento de estafas, amenazas y maniobras de extorsión realizadas desde el interior de las cárceles.
El tema tomó mayor relevancia pública tras el caso de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado voluntario del Ejército Argentino de 21 años que se quitó la vida luego de ser víctima de una extorsión digital. La investigación judicial determinó que la maniobra habría sido organizada desde los penales bonaerenses de Magdalena y Olmos mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.
La causa, que está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, permitió reconstruir cómo operaba la red. Según el expediente, los involucrados creaban identidades ficticias, enviaban audios intimidatorios, se hacían pasar por autoridades policiales y exigían transferencias de dinero bajo amenazas.
Para los impulsores del proyecto, episodios como este muestran la necesidad de establecer controles más estrictos dentro del sistema penitenciario. En ese marco, sostienen que el uso de celulares por parte de internos facilita la continuidad de actividades delictivas aun cuando las personas se encuentran privadas de la libertad.
Ahora la iniciativa deberá comenzar su tratamiento legislativo en el Congreso, en un escenario donde crece la presión política y social para reforzar la seguridad en las cárceles y evitar que desde allí se sigan organizando redes criminales.
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