Nacional Por: Micaela18 de septiembre de 2026

El Reino Unido rechazó las sanciones argentinas contra empresas que operan en Malvinas

El Gobierno británico cuestionó las medidas impulsadas por la Argentina y respaldó a las compañías vinculadas con actividades económicas en las islas..

El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones que la Argentina impulsa contra empresas y personas vinculadas con las Islas Malvinas. Londres calificó las medidas como “inaceptables” y sostuvo que carecen de justificación legal.

La posición británica quedó expresada en un comunicado difundido este jueves. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, transmitió la postura en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

En el documento, Londres reiteró su posición sobre la soberanía del archipiélago. El Gobierno británico afirmó que las Malvinas “son británicas”. Además, sostuvo que sus habitantes pueden desarrollar los recursos naturales de las islas según consideren conveniente.

El Reino Unido vinculó ese derecho con el principio de autodeterminación. Desde esa perspectiva, respaldó las actividades económicas que desarrollan compañías en el archipiélago. El apoyo alcanza especialmente a las empresas relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.

El pronunciamiento surgió luego de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino durante las últimas semanas. Las acciones alcanzan a empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas. También incluyen a compañías relacionadas con proyectos petroleros.

Kumaran aseguró que el Gobierno británico y su red diplomática respaldan a los sectores afectados. “Tienen todo nuestro apoyo”, afirmó la funcionaria. También recordó que otros gobiernos argentinos aplicaron medidas económicas similares en el pasado.

Según el comunicado, esas decisiones no impidieron el crecimiento de la economía de las islas. El Gobierno británico sostuvo que, pese a esos antecedentes, “la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando”.

Cruce por los mecanismos internacionales

Londres también cuestionó el uso de organismos y mecanismos internacionales en la disputa. El Gobierno británico rechazó cualquier intento de utilizarlos contra empresas o personas que mantengan vínculos comerciales con las Malvinas.

En ese sentido, sostuvo que cualquier intento de “politizar mecanismos internacionales” contra quienes hacen negocios con las islas resulta ilegítimo. Además, calificó nuevamente las acusaciones contra empresas e individuos como “inaceptables” y sin fundamento jurídico.

Por otra parte, el Reino Unido anticipó que mantendrá su cooperación con el Gobierno de las Malvinas. El objetivo declarado consiste en proteger los intereses del archipiélago y favorecer nuevas oportunidades de inversión.

El conflicto se intensificó después de que la Argentina avanzara contra proyectos de exploración petrolera en las aguas próximas a las islas. El Gobierno de Javier Milei presentó un proyecto para aumentar las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.

Además, la administración nacional presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas. La acusación se relaciona con las perforaciones que la compañía realiza en el yacimiento Sea Lion.

Navitas lidera el proyecto offshore y posee la participación mayoritaria. La británica Rockhopper mantiene el porcentaje restante. Ambas empresas sostienen que cuentan con licencias válidas para operar. Las autorizaciones fueron otorgadas por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido.

La controversia también alcanza la interpretación de las normas internacionales. La Argentina sostiene que los proyectos petroleros contradicen una resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Según Buenos Aires, esa resolución reclama que las partes eviten medidas unilaterales mientras continúa la disputa por la soberanía.

Londres mantiene una interpretación diferente. El Gobierno británico sostiene que los habitantes de las Malvinas pueden administrar y desarrollar sus recursos naturales mediante el principio de autodeterminación. La Argentina rechaza ese argumento y considera que ese principio no corresponde a la población del archipiélago. Buenos Aires fundamenta su posición en la ocupación británica de las islas en 1833.

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