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El Gobierno nacional de Javier Milei dio un paso decisivo hacia la privatización total del sistema ferroviario de cargas, con el inicio formal del proceso de desguace y venta de Belgrano Cargas y Logística S.A.. La medida se oficializó este miércoles mediante la Resolución 1049/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
La decisión establece un plazo de doce meses para concluir la transferencia completa al sector privado. El plan contempla el desmembramiento de la empresa estatal en tres grandes unidades de negocio: el material rodante (locomotoras y vagones), los corredores ferroviarios (tramos de vía y terrenos) y la infraestructura operativa (talleres, estaciones, almacenes).
En una primera etapa, se realizará un relevamiento exhaustivo de los activos actuales de la compañía. Luego, los bienes serán clasificados, tasados y puestos en circulación mediante distintas modalidades de venta y concesión. El objetivo es entregar la operación del sistema a empresas privadas nacionales o extranjeras, sin mantener participación pública en la nueva estructura.
Según detalla la resolución, el proceso estará a cargo de la Agencia de Transformación del Estado, en coordinación con la Secretaría de Transporte. El esquema fue diseñado a partir de lo establecido en la Ley Bases y en el Decreto 67/2024, que autorizan la venta, transformación o disolución de empresas públicas.
El Estado realizará remates públicos para el material rodante, a través de la plataforma digital SUBAST.AR. En tanto, los corredores ferroviarios y los inmuebles serán adjudicados mediante licitaciones públicas nacionales e internacionales, gestionadas en CONTRAT.AR. No se establecerán preferencias para empresas nacionales ni se contemplará un plan de participación accionaria para trabajadores.
Una vez completadas las subastas y adjudicaciones, el Gobierno procederá a la liquidación definitiva del Belgrano Cargas como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. El dinero recaudado será transferido a un fideicomiso administrado por el Banco Nación, destinado a financiar obras ferroviarias estratégicas, aunque no se detallaron proyectos concretos.
El vocero presidencial Manuel Adorni justificó la decisión con argumentos de eficiencia y costos. “En 2023, el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa. Ese dinero salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos”, expresó en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
También criticó la falta de avances en el sector: “La distancia media transportada por estos trenes es de 500 kilómetros, la misma que hace cincuenta años. No hemos avanzado absolutamente nada en medio siglo”, remarcó. En esa línea, aseguró que la política ferroviaria del Estado había fracasado como modelo de gestión.
Actualmente, Belgrano Cargas y Logística opera más de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias argentinas, incluyendo las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Su actividad es clave para el transporte de minerales, granos, productos industriales y maquinaria, especialmente desde el noroeste argentino hacia los puertos del Gran Rosario y Buenos Aires.
La empresa nació en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como parte de un proceso de recuperación del sistema ferroviario de cargas. En ese momento, el Estado se propuso revertir las concesiones entregadas en los años noventa y volver a operar los trenes con recursos públicos.
La privatización actual no solo implica el traspaso de activos físicos, sino también la transformación del modelo de gestión. El Gobierno apunta a implementar un esquema de “acceso abierto”, en el que varias empresas privadas puedan competir por el uso de la infraestructura bajo régimen de contrato.
Los principales interesados en el nuevo esquema serían grupos exportadores, empresas mineras y constructoras logísticas, que buscan reducir costos de transporte en grandes distancias. También podrían sumarse operadores ya activos como Ferroexpreso Pampeano y Ferrosur Roca, hoy bajo concesión privada.
Mientras tanto, el proceso de relevamiento ya comenzó en los talleres ferroviarios, donde técnicos del Gobierno trabajan en la identificación de máquinas, herramientas, equipos de mantenimiento y material de rezago.
El destino del personal de la empresa aún no fue detallado oficialmente. Aunque la resolución no menciona despidos, los sindicatos ferroviarios ya manifestaron preocupación ante el vaciamiento progresivo del sistema. No se descarta una ola de retiros voluntarios o reubicaciones en otras áreas estatales.
La privatización del Belgrano Cargas se inscribe en la política general del gobierno de Javier Milei, que busca reducir el déficit fiscal, eliminar subsidios y achicar el Estado. En total, hay más de 40 empresas públicas en estudio para su venta o cierre.
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