El Gobierno se prepara para presentar en las próximas horas el proyecto de reforma laboral en el Congreso, mientras busca acelerar los cambios prometidos. El texto propone reducir costos laborales y bajar la carga impositiva que enfrentan las empresas, según adelantaron fuentes oficiales. Además, incorpora ajustes en normas centrales vinculadas a la jornada, las vacaciones y los contratos. Con estos puntos, el oficialismo afirma que quiere “modernizar” el mercado laboral.
La iniciativa plantea un esquema destinado a promover la formalización del trabajo y avanzar en la regularización de relaciones no registradas. En ese sentido, habilita condonaciones de intereses y extinción de sanciones para quienes blanqueen empleados. A la vez, incluye una baja gradual en las contribuciones patronales vinculadas a obras sociales y seguridad social. Con estos cambios, el Gobierno espera incentivar el empleo privado registrado.
El proyecto también modifica artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo y redefine criterios que guiaban la interpretación judicial. El texto elimina la “justicia social” como parámetro interpretativo y otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales. Además, prohíbe la aplicación analógica de convenios colectivos y amplía de 30 días a 6 meses el período de prueba para el personal doméstico. En paralelo, crea un Régimen de Servicios Personales para repartidores y mensajeros que operan mediante aplicaciones.
Otro capítulo relevante introduce el banco de horas y habilita acuerdos voluntarios entre empleadores y trabajadores para compensar horas extraordinarias. Este mecanismo exige respetar descansos mínimos entre jornadas y garantizar al menos un día de descanso semanal. Asimismo, la reforma plantea fraccionar las vacaciones, siempre que el período incluya un mínimo de siete días continuos. Según el borrador, la medida busca “ordenar” la organización interna de cada empresa.
El documento también aborda la actividad sindical y establece nuevas condiciones para realizar asambleas en los establecimientos. Para ello, las asociaciones deberán solicitar autorización previa al empleador, indicando horario y duración. A su vez, el trabajador no cobrará salarios durante el tiempo que dure la asamblea, y las tomas o bloqueos de plantas serán consideradas infracciones graves. Estas medidas apuntan, según el Gobierno, a “resguardar la continuidad operativa”.
Finalmente, el proyecto incluye un amplio capítulo impositivo con alivios para distintos sectores. Entre los puntos destacados aparece una baja en el impuesto a las ganancias, exenciones de IVA para segmentos del agro y la eliminación de gravámenes aplicados a productos electrónicos, como los teléfonos celulares. El Ejecutivo incorporó además un “mini RIGI” con beneficios específicos para inversiones medianas. Con este paquete, el oficialismo busca mejorar la competitividad y acelerar la recuperación económica.
