Un allanamiento realizado en una vivienda de la capital tucumana dejó un hallazgo inesperado. Durante la ejecución de una medida judicial por amenazas agravadas, la policía descubrió más de un kilo y medio de marihuana, dinero en efectivo, cuatro celulares, una balanza de precisión y hasta una máquina de contar billetes. El procedimiento fue supervisado por la Unidad Regional Capital y terminó con tres personas mayores de edad demoradas a disposición de la Justicia Federal.
El operativo se originó en el marco de una investigación por amenazas agravadas, lo que demuestra cómo causas de distinta índole pueden derivar en hallazgos aún mayores. Según explicó el comisario mayor Manuel Orellana, segundo jefe de la Unidad Regional Capital, “hoy, nos ocupa una causa por amenazas agravadas, tal es así que la fecha se ha dado cumplimiento a una medida judicial donde se ha encontrado una gran cantidad de sustancias prohibidas, lo que motivó la intervención del Juzgado Federal”.
La medida se llevó a cabo bajo la investigación de la Comisaría Seccional Décima. Su jefe, el comisario principal Jorge Castro, brindó detalles del procedimiento y confirmó la magnitud del secuestro. “Como lo refiere el segundo jefe regional; en una causa investigada por la comisaría Seccional Décima hoy se realizó la medida de allanamiento ordenada por la fiscalía interviniente y en la requisa del domicilio se encontró una importante cantidad de una sustancia vegetal. Luego de dar intervención al personal de la DIGEDROP se determinó que se trataría de marihuana con un peso de más de 1 kg y medio”, indicó.
El decomiso incluyó marihuana valuada en más de ocho millones de pesos. La policía precisó que el cargamento secuestrado equivalía al fraccionamiento y distribución de más de 1.600 dosis de bagullos, lo que demuestra la magnitud del negocio que quedó desbaratado. Además, la presencia de una máquina de contar billetes y una balanza de precisión deja en evidencia el nivel de organización con que operaban los involucrados.
El procedimiento también derivó en la incautación de cerca de un millón y medio de pesos en efectivo y de cuatro celulares. Estos elementos, sumados al cargamento de droga, constituyen pruebas clave para el avance de la investigación, que ahora pasará a manos de la Justicia Federal.
En tanto, la causa de amenazas agravadas que dio inicio a todo este procedimiento sigue en curso. El trabajo de la Comisaría Seccional Décima continuará bajo supervisión judicial, con colaboración de distintas áreas de la policía provincial y federal. La medida contó también con la supervisión del jefe de Zona II de la URC, el comisario inspector Armando Espeche, quien acompañó el operativo y evaluó los resultados alcanzados.
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