El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel de Vicentis, por encubrimiento y obstrucción a la Justicia en la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El magistrado entendió que durante los allanamientos realizados en el exclusivo barrio privado existió una maniobra organizada para retrasar los procedimientos, lo que favoreció a investigados de la causa. La decisión judicial colocó al jefe de seguridad en el centro de un expediente paralelo, que se desprende de la megacausa por corrupción.
Para Casanello, De Vicentis incurrió en “desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento” al no colaborar con las fuerzas de seguridad durante los operativos. En su resolución, el juez afirmó que en Nordelta funciona “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”. Según la Justicia, estas prácticas tienen como objetivo anular el factor sorpresa en procedimientos que resultan claves para las investigaciones.
Durante su declaración indagatoria, De Vicentis intentó desligarse de las acusaciones. Explicó que “estaba de vacaciones” cuando la Policía de la Ciudad se presentó en uno de los allanamientos. Aseguró que se interesó por “celo profesional” y negó haber alertado a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. Sin embargo, la sospecha recae sobre él, ya que Kovalivker logró salir del barrio y permanecer varios días fuera del radar judicial.
La Justicia buscaba su teléfono celular, el cual fue entregado tiempo después cuando finalmente se presentó ante el juzgado. En contraste, Emmanuel Kovalivker, hermano de Jonathan, no pudo salir del country. Fue interceptado por la policía y le secuestraron 266 mil dólares en sobres durante el procedimiento. Estos hallazgos reforzaron la hipótesis de que existieron maniobras destinadas a obstaculizar las pesquisas en Nordelta.
El procesamiento de De Vicentis se ventiló en un expediente separado de la causa principal, iniciada tras la difusión de audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, el exfuncionario mencionaba supuestas coimas vinculadas a compras de medicamentos, y señalaba directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a su mano derecha Eduardo “Lule” Menem. La repercusión política de los audios fue inmediata y derivó en múltiples pedidos de investigación.
En paralelo, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, solicitaron la nulidad absoluta de la causa. Lo hicieron a través de su abogado Martín Magram, quien invocó la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Según el escrito, la investigación se originó en pruebas obtenidas ilegalmente, por lo que todo lo derivado sería inadmisible. La presentación fue realizada el viernes pasado, justo cuando Casanello allanaba sedes de la ANDIS y oficinas de la droguería.
El abogado defendió a sus clientes con duros términos y señaló: “Se ha sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita –para el caso de que sean verdaderas– y que dieran sustento a una denuncia penal de claro tinte político”. Además, sostuvo que el proceso avanzó “a espaldas de la defensa” y cuestionó el “oscurantismo y la falta de un procedimiento ajustado a derecho”.
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