
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán (ATEP) confirmó su adhesión al paro nacional y movilización convocado por CTERA para el 14 de octubre.
La Cámara alta se prepara para una sesión clave en la que definirá el futuro de la ley de emergencia en discapacidad y la regulación de los decretos presidenciales.
03 de septiembre de 2025El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 para tratar dos temas centrales: el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad y la reforma del régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia. La jornada promete convertirse en un hecho político de gran impacto, ya que el oficialismo enfrentará una fuerte resistencia parlamentaria.
La Cámara de Diputados ya rechazó el veto el pasado 20 de agosto con 172 votos afirmativos, 73 negativos y tres abstenciones. Con esa definición, la expectativa está puesta ahora en la Cámara alta, que podría insistir en la sanción original. Si así sucede, quedará en vigencia la ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, una decisión que marcaría un duro revés para el Gobierno nacional.
En la reunión de Labor Parlamentaria, los bloques opositores consensuaron un temario que incluye además cinco cuestiones de privilegio. Allí se objetarán las denuncias contra periodistas promovidas por el Gobierno y la decisión del juez Alejandro Maraniello de prohibir la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Los cuestionamientos apuntan principalmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señalada por avalar los pedidos de allanamiento a estudios y domicilios de comunicadores.
La ley de discapacidad establece la emergencia en el sector, con actualización de prestaciones y asignaciones. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal oscilará entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Entre los puntos centrales figuran el pago de deudas a prestadores, la actualización mensual de aranceles y el reconocimiento de 200 mil contribuciones por invalidez equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán trabajar siempre que no superen los dos salarios mínimos.
Respecto a los decretos, el proyecto acordado entre el kirchnerismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales establece un límite temporal para su tratamiento. Cada DNU deberá ser aprobado en un plazo de 90 días corridos por ambas cámaras; de lo contrario, se considerará derogado. Además, si una sola cámara lo rechaza, el decreto quedará sin efecto, aunque se respetarán los derechos adquiridos durante su vigencia.
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