El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso profundiza la caída del financiamiento educativo nacional. Según el observatorio Argentinos por la Educación, la función “Educación y Cultura” caerá al 0,75% del PBI, el registro más bajo en diez años. Además, el Ejecutivo propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obliga a destinar al menos el 6% del PBI al sector.
El estudio realizado por Javier Curcio (UBA–CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal analizó el presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y los gastos educativos de otras carteras, como Defensa e Infraestructura. Actualmente, el Gobierno nacional financia cerca del 25% del gasto total en educación, mientras el resto depende directamente de las provincias, que deberán cubrir las brechas.
Desde 2015, la inversión educativa nacional cayó de manera constante. Ese año, representaba el 1,59% del PBI; en 2025 se redujo a $6,2 billones constantes, frente a los $12,9 billones de hace una década. Para 2026, el Ejecutivo prevé un leve repunte a $6,8 billones, equivalente a un aumento real del 8%. Sin embargo, ese crecimiento se da dentro de un escenario general de ajuste fiscal y contracción del gasto público.
Si el Congreso aprueba el proyecto, el gasto educativo nacional pasará del 0,82% estimado para 2025 al 0,75% del PBI en 2026. Aunque el presupuesto de la Secretaría de Educación aumenta nominalmente 17,9%, la inflación proyectada del 13,8% deja un alza real de apenas 3,6%. Además, su peso dentro del gasto total en “Educación y Cultura” descenderá del 85% al 81,7%, lo que refleja una menor prioridad institucional para el área.
Dentro del gasto general del Estado, la educación ocupará solo el 5,3% del presupuesto, lejos del 57% que absorbe la Seguridad Social y del 8,5% que representa la Deuda Pública. En una década, la función educativa perdió casi la mitad de su participación dentro del gasto nacional. Esta reducción evidencia un cambio estructural en las prioridades del Gobierno.
El fin del piso legal del 6% del PBI marca un cambio de criterio profundo. A partir de ahora, el financiamiento educativo dependerá de la disponibilidad fiscal y no de una obligación normativa. Especialistas advierten que esta modificación “genera un riesgo de desfinanciamiento estructural” y orienta la política hacia la extensión horaria escolar, dejando en segundo plano la infraestructura, la formación docente y la inclusión digital.
El Plan Nacional de Alfabetización (PNA) será la excepción dentro del ajuste. Sus fondos crecerán un 78,9% nominal, más del 50% real, enfocados en la universalización de la jornada extendida, que absorberá el 82% del presupuesto del programa. Sin embargo, esta decisión implica recortes severos en apoyo pedagógico, que caerá un 97%, y en formación docente específica, que se reducirá un 25%.
Con estos cambios, la educación argentina enfrenta el menor respaldo financiero en una década y un escenario de creciente dependencia provincial. El desafío será sostener la calidad educativa con un presupuesto que, cada año, pierde más peso dentro del Estado.
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