La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez sumó pruebas que comprometen al exmilitar Felipe Sosa, principal sospechoso detenido. Durante un allanamiento en Yerba Buena, los peritos secuestraron elementos que coincidirían con materiales utilizados para descartar el cuerpo. Entre los objetos hallados se encontraron cintas adhesivas negras, sogas, municiones, equipamiento táctico y un comprobante bancario millonario. Según el informe del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, varios insumos provenían del ámbito cotidiano del acusado. De este modo, la fiscalía fortaleció la hipótesis sobre la participación directa del imputado en el crimen.
El procedimiento se realizó en una vivienda alquilada por Sosa sobre calle Santo Domingo al 1100, en Yerba Buena. Los peritos hallaron seis trozos de cinta adhesiva negra adheridos a una barra de dominadas y una mancuerna. Según el acta oficial, el material presentaba “características similares a la hallada en las bolsas plásticas que cubrían el cuerpo de la víctima”. Este hallazgo permitió establecer una correspondencia entre los elementos domésticos del imputado y la escena del crimen. En consecuencia, los investigadores consideran que el material estaba disponible y en uso previo al hecho.
El cuerpo de Érika Álvarez apareció atado con sogas y envuelto en bolsas en un descampado de Manantial Sur. En la vivienda del acusado, el ECIF secuestró una soga elástica negra de dos metros sesenta de longitud. Además, los peritos levantaron un elemento filamentoso oscuro ubicado a los pies de la cama principal. La similitud entre estas piolas y las ataduras del cuerpo se incorporó como elemento probatorio relevante.
El perfil del imputado quedó expuesto tras el secuestro de equipamiento táctico profesional. Los investigadores incautaron un chaleco balístico antitumulto, una pistolera israelí y ciento veinticinco cartuchos calibre doce. La relación entre la víctima y Sosa se reconstruyó a partir de registros digitales y testimonios familiares. Las hermanas de Érika aportaron datos sobre viajes reiterados de la joven a Yerba Buena. La última señal de vida fue un mensaje enviado a su sobrina durante la madrugada previa a la desaparición.
La fiscalía también analizó un comprobante de extracción bancaria por ocho millones de pesos. El movimiento se realizó el mismo día en que la familia denunció la desaparición de la joven. Con ese dinero, Sosa habría iniciado una fuga hacia la provincia de Buenos Aires. Actualmente, el imputado permanece alojado en el penal de Benjamín Paz bajo custodia especial. Las pruebas reunidas continúan complicando su situación procesal mientras avanza la causa.
