
Argentina enfrenta el 2026 con acuerdos abiertos y tensiones externas
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ante el juez Diego Amarante. El escrito amplió el frente judicial que enfrenta la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. Además, incorporó documentación que respalda la hipótesis de un esquema de facturación apócrifa. Según el organismo, ese mecanismo se habría utilizado para justificar egresos millonarios. En este marco, la presentación se apoya en comprobantes emitidos durante los ejercicios 2023 y 2024.
El eje central de la denuncia se concentra en facturas emitidas por al menos quince empresas proveedoras de la AFA. ARCA sostuvo que esas firmas no poseen capacidad económica, operativa ni financiera para prestar los servicios declarados. La mayoría de los comprobantes refieren a supuestas obras realizadas en el predio de Ezeiza. Según el informe, se trata de uno de los activos estratégicos de la asociación. En consecuencia, el organismo consideró que las inconsistencias detectadas resultan graves, precisas y concordantes.

La denuncia se apoyó en un informe administrativo fechado el 20 de enero de 2026. El documento fue elaborado por áreas técnicas del organismo que encabeza Andrés Vázquez. Allí se describió un esquema que podría configurar evasión impositiva y salidas no documentadas. De confirmarse, la conducta podría tener derivaciones penales para la conducción actual de la AFA. Por ese motivo, ARCA solicitó profundizar la investigación judicial.
El organismo identificó irregularidades comunes en las empresas observadas. Entre ellas aparecen domicilios fiscales inexistentes, ausencia de empleados y falta de bienes registrables. También se detectaron volúmenes de facturación incompatibles con los movimientos bancarios declarados. En numerosos comprobantes figuran conceptos genéricos como “obras realizadas en predio Ezeiza” o “etapa de obra”. Según ARCA, la falta de detalle técnico impide acreditar la efectiva prestación de los servicios.

A su vez, la investigación reconstruyó el circuito de pagos utilizado por la AFA para cancelar las facturas. ARCA accedió a información bancaria sobre transferencias y cheques emitidos por la asociación. Varios de esos instrumentos fueron endosados a terceros sin relación con la actividad declarada. Algunas empresas agropecuarias informaron que recibieron esos cheques en operaciones habituales. Para el organismo, ese dato refuerza la imposibilidad de identificar al destinatario final de los fondos.
Finalmente, la denuncia incorporó una cuantificación provisoria de los ajustes fiscales vinculados a las operaciones observadas. Según la documentación, los montos bajo análisis superan los 375 millones de pesos. La cifra no incluye intereses resarcitorios ni eventuales multas. En su presentación, ARCA sostuvo que existen indicios de dolo. A partir de ahora, la Justicia deberá determinar si las facturas reflejan operaciones reales o maniobras de simulación.

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