El asesinato de Érika Antonella Álvarez colocó bajo análisis judicial una red de relaciones personales que excede el hecho violento investigado. El cuerpo de la joven, de 25 años, fue hallado en un basural de Manantial Sur y activó una causa compleja. La investigación expuso consumo problemático, encuentros privados, vínculos económicos y posibles conexiones con estructuras narco. Por ese entramado, el expediente ya se ubica entre los más relevantes del escenario policial reciente en Tucumán.
Por el crimen se encuentra detenido Felipe Sosa, conocido como “El Militar”, quien permanece como único imputado hasta el momento. El fiscal Carlos Picón sostiene que el acusado golpeó a la víctima en una vivienda de Yerba Buena entre el miércoles 7 y jueves 8. Según la acusación, esas agresiones provocaron la muerte y luego el imputado intentó eliminar evidencias del hecho. La autopsia determinó que los golpes incluyeron una maniobra denominada “toma de león”, con lesiones cervicales severas.
La hipótesis fiscal indica que Sosa ató el cuerpo para facilitar su traslado y lo colocó dentro de una bolsa de residuos. Posteriormente, el imputado habría abandonado el cadáver en un descampado, donde finalmente fue encontrado por investigadores. Sin embargo, los pesquisas consideran que el acusado pudo haber contado con ayuda posterior al crimen. Esa sospecha abrió nuevas líneas orientadas a identificar a posibles colaboradores directos o indirectos.
En paralelo, la investigación profundizó sobre la situación personal de la víctima antes del homicidio. Álvarez estudiaba Enfermería, atravesaba problemas de adicción y no contaba con ingresos económicos estables. Según el expediente, mantenía vínculos con hombres que le facilitaban sustancias ilícitas. Los investigadores establecieron que asistía a reuniones privadas donde existían consumo de drogas y encuentros sexuales múltiples.
Dentro de ese entorno aparece un hombre señalado como pareja sentimental y sostén económico de la joven. Familiares lo identificaron como un ciudadano paraguayo apodado “El Mayor”, vinculado a causas por tráfico aéreo de marihuana. Ese sujeto alquilaba una vivienda en El Cadillal donde se realizaban encuentros a los que asistía Álvarez. La Justicia analiza si ese vínculo fue afectivo o si cumplía otra función dentro de ese contexto.
El perfil del imputado también concentra atención judicial. Sosa egresó del Colegio Militar, integró el Ejército y luego la Legión Extranjera francesa. Más tarde se volcó a la seguridad privada y fundó su propia empresa, sin antecedentes penales firmes. Durante allanamientos, la Policía secuestró armas, vehículos y dispositivos electrónicos que ahora son peritados.
Mientras avanzan las pericias genéticas y el análisis de teléfonos, la causa permanece abierta. Desde el Ministerio Público aseguraron que ninguna línea investigativa será descartada, incluida la narco. La familia de la víctima reclama que se esclarezca si existieron más responsables. La Justicia intenta reconstruir cada vínculo para determinar la verdad completa del crimen.
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