El Gobierno nacional confirmó que descontará el día a los empleados públicos que se adhieran al paro general convocado en rechazo a la reforma laboral que se debatirá esta semana en la Cámara de Diputados. La medida fue ratificada por altas fuentes de la Casa Rosada, que advirtieron que se aplicará el recorte salarial a quienes no concurran a sus puestos de trabajo o no cumplan funciones durante la jornada de protesta.
El oficialismo de La Libertad Avanza busca obtener este miércoles dictamen favorable para tratar el jueves el proyecto de reforma laboral en el recinto. De concretarse ese cronograma, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante un paro nacional, al que ya anticiparon su adhesión distintos gremios, incluidos los estatales.
“Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló uno de los funcionarios consultados. La decisión oficial replica el criterio adoptado en anteriores paros generales impulsados por la central obrera. Sin embargo, esta vez el impacto podría ser mayor debido a que los sindicatos del transporte, colectivos, trenes, subtes y taxis, confirmaron que también se sumarán a la medida, lo que complicará la movilidad en todo el país.
Desde el Ejecutivo reconocen que el desafío logístico será significativo. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Como sea”, expresó un alto funcionario libertario en referencia a la necesidad de garantizar la asistencia del personal estatal pese a la paralización del transporte público.
En el plano sindical, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida por Andrés Rodríguez, confirmó su adhesión al paro, aunque no participará de la movilización. En cambio, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que marchará al Congreso el mismo día en que se trate la reforma laboral. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la movilización busca mantener presión en la calle y evitar que el oficialismo avance con el proyecto sin resistencia social.
“No creemos que la mejor estrategia sea hacerle el juego al Gobierno, dejando vacío el Congreso en las calles para que los diputados puedan actuar con mayor facilidad”, afirmó Aguiar, quien además lanzó críticas al proceso legislativo y cuestionó el tratamiento previo en el Senado. Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, defendió la convocatoria al paro general al considerar que el proyecto “quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”.
El escenario se presenta tenso de cara al debate parlamentario, con un fuerte contrapunto entre el Gobierno, que sostiene que la reforma es necesaria para modernizar el mercado laboral, y los gremios, que advierten sobre una pérdida de derechos. Mientras tanto, la Casa Rosada ratifica que aplicará descuentos salariales a quienes adhieran a la protesta, en una jornada que se anticipa de alto impacto político y social.
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