Milei acelera el ajuste: 720.000 cartas documento por pensiones laborales

El Gobierno de Javier Milei prepara un operativo postal sin precedentes para auditar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL). La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) licitó la contratación de 720.000 envíos de cartas documento en todo el país. El objetivo es notificar suspensiones y requerir documentación obligatoria a beneficiarios sospechados de haber accedido a la prestación de manera irregular. La medida se enmarca en el plan de revisión iniciado en febrero y que ya dio de baja más de 110.000 pensiones.

La licitación, publicada el 30 de julio en el portal oficial Compr.Ar, detalla que los envíos deberán llegar a cualquier punto de la Argentina en un plazo máximo de 48 horas hábiles. Si la entrega no se concreta, el prestador deberá reintentarla al día siguiente y, en caso de fallar nuevamente, devolver la pieza al remitente tras cinco días. El contrato incluye también cartas certificadas, envíos exprés y encomiendas, sumando más de 730.000 piezas postales.

La revisión de las pensiones fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni a comienzos de año. En ese momento, el Gobierno informó que la ANDIS y el PAMI coordinarían el operativo para contactar a los más de 1.013.000 beneficiarios vigentes hasta entonces. Se solicitó la presentación de documentos que acreditaran la invalidez laboral y justificaran el pago de la prestación. Quienes no cumplieran con los requisitos serían dados de baja.

En conferencia de prensa, Adorni confirmó la baja de 110.522 pensiones por irregularidades detectadas, 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 por renuncias voluntarias. “Estas van a servir para notificar las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez laboral”, explicaron fuentes oficiales sobre las cartas documento. Desde el Gobierno también aclararon que no necesariamente se suspenderán las 720.000 pensiones, aunque el número es un indicio de la magnitud del operativo.

El ahorro fiscal proyectado es significativo. Según la ANDIS, el pago de pensiones irregulares representa un gasto cercano a los mil millones de dólares anuales. Con las bajas ya concretadas, el Ejecutivo estima que reducirá el gasto en unos 35 mil millones de pesos mensuales. El monto de cada pensión equivale al 70% de la jubilación mínima.

Sin embargo, el proceso presenta obstáculos. En distintos puntos del país todavía no se pudieron identificar domicilios de beneficiarios, lo que dificulta completar la auditoría. Adorni afirmó que un 60% de los titulares aún no presentó la documentación exigida, lo que podría derivar en nuevas suspensiones en los próximos meses.

El contexto político añade tensión al operativo. La polémica por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue en la agenda pública. La norma buscaba regularizar pagos y actualizar aranceles establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, congelados desde noviembre de 2024. Además, planteaba reformas al sistema de pensiones no contributivas y cambios en la gestión de la ANDIS, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recordó que entre 1999 y 2003 el número de pensiones se mantenía en torno a 80.000. Sin embargo, entre 2005 y 2015 creció un 1.225%, llegando a 1.060.000. Según el funcionario, durante la gestión de Cambiemos la cifra se mantuvo estable, pero volvió a aumentar con la presidencia de Alberto Fernández. Adorni reforzó esta idea al señalar: “Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales”.

La comparación internacional también fue utilizada por el vocero presidencial. “Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel que recibe pensión por discapacidad es del 3,5%, mientras que en Argentina es del 4,6%”, dijo. Y agregó: “Israel sufrió decenas de atentados terroristas y vive en un conflicto bélico permanente. Argentina no tuvo guerras ni catástrofes naturales. Solo tuvo 20 años de administraciones kirchneristas”.

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