El Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad tras el escándalo por coimas
El Gobierno nacional anunció este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la difusión de audios que denuncian un sistema de coimas. La medida se resolvió luego de la salida de Diego Spagnuolo, quien había quedado en el centro de la polémica por las grabaciones que expusieron supuestas maniobras de recaudación ilegal. La decisión fue comunicada oficialmente por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
“El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada”, informó Adorni. El portavoz explicó que su primera tarea consistirá en realizar una auditoría integral en el organismo. Y añadió: “Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar derechos”. Con esta declaración, el Ejecutivo dejó en claro que la intervención busca transparentar la gestión y revisar los beneficios otorgados.
La decisión se tomó tras una cumbre realizada en Casa Rosada con Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, donde se definió desplazar a Spagnuolo. Poco después, la vocería presidencial oficializó la medida en redes sociales, señalando que la oposición había intentado sacar provecho político de la crisis. Sin embargo, el comunicado insistió en que el Ejecutivo no tolerará irregularidades y que se avanzará con un esquema de control estricto sobre las prestaciones y contratos.
Los audios atribuidos a Spagnuolo revelaron cómo operadores pedían dinero a proveedores de medicamentos y servicios para garantizar convenios con el Estado. “A mí me están defalcando la agencia”, expresa en una de las grabaciones. En otro pasaje, denuncia: “Van a pedirle guita a los prestadores”, y describe una operatoria de recaudación mensual de hasta 30 mil dólares, según sus propias palabras. Estas declaraciones encendieron las alarmas en el Gobierno y derivaron en la inmediata remoción del funcionario.
La investigación apunta también a la participación de Droguería Suizo Argentina, vinculada al entorno de Martín Menem. Según los registros, la empresa habría actuado como intermediaria privilegiada, con capacidad de fijar precios y condiciones. Spagnuolo menciona: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8’”. El esquema habría impactado no solo en medicamentos, sino también en internaciones y transporte, con cifras que el propio funcionario calificó como “un kiosco” ilegal.
En paralelo, la Justicia abrió una investigación a cargo del fiscal Franco Picardi. El caso tomó estado público cuando las grabaciones fueron difundidas en medios a nivel nacional. El material exhibió cómo las maniobras se extendían más allá de un área específica, afectando la provisión de insumos médicos clave. Ahora, la auditoría dispuesta por el interventor y el avance judicial buscarán esclarecer la trama completa de responsabilidades.