Martina OviedoLa Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos presentados por los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. De esta manera, quedaron firmes los sobreseimientos del ex presidente Mauricio Macri, del exdirector de la AFI Gustavo Arribas, de Silvia Majdalani y de ocho exagentes del organismo, en la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
Los familiares habían denunciado maniobras de vigilancia y seguimiento entre 2017 y 2018, mientras reclamaban respuestas por la desaparición del submarino. Según la acusación, los imputados habrían registrado manifestaciones, misas y actividades públicas, además de recopilar información personal y de redes sociales de los allegados a los tripulantes.
La investigación se inició tras hallarse documentación en la sede de la AFI de Mar del Plata, que contenía fichas, informes y registros de actividades sobre los familiares. En diciembre de 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a Macri, Arribas, Majdalani y otros agentes por presunto espionaje ilegal, argumentando que buscaban “influir en la situación política e institucional del país”.
En julio de 2022, la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento y dictó el sobreseimiento de todos los imputados, considerando que las diligencias estaban justificadas como parte de la seguridad presidencial. Este fallo fue ratificado luego por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que descartó el delito de espionaje.
El máximo tribunal explicó que “ninguna de las actividades explícitamente atendidas en el fallo bajo revisión implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia” y que “de ningún modo se podrían erigir como injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados”. Añadió que los riesgos por fallas en la seguridad de altos mandatarios justificaban esas tareas.
Las querellas llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia. Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos, cerrando definitivamente la vía judicial. El ARA San Juan implosionó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, dejando 44 tripulantes muertos y varias investigaciones judiciales paralelas abiertas.
