Martina OviedoEl Gobierno nacional anunció un aumento de hasta el 35% en las prestaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad. La medida fue aprobada por el Directorio de Prestaciones Básicas, integrado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. El objetivo es mejorar la cobertura y sostener la calidad de los servicios brindados en todo el país.
El incremento se aplicará en tres tramos mensuales entre octubre y diciembre de 2025. Los porcentajes de ajuste irán del 29,7% al 35,4%, según la prestación y el tipo de servicio. Para financiar esta actualización, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, autorizó una partida presupuestaria especial destinada a cubrir el último trimestre del año.
Desde la ANDIS y el Ministerio de Salud señalaron que esta actualización responde a la necesidad de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad de la atención. Las autoridades remarcaron que el aumento busca compensar el impacto de la inflación y asegurar que los beneficiarios mantengan la cobertura sin interrupciones. Además, se reforzarán los controles sobre la aplicación del nuevo nomenclador.
El nomenclador nacional establece los valores de referencia que perciben instituciones, profesionales y servicios especializados. Incluye áreas clave como rehabilitación, transporte adaptado, internación, atención médica y apoyo educativo y laboral. Con este ajuste, el Gobierno espera mejorar la sostenibilidad del sistema y evitar retrasos en los pagos a los prestadores.
La medida representa un alivio para las entidades que vienen reclamando por la actualización de los valores desde hace varios meses. Según fuentes oficiales, el aumento fue consensuado con los principales actores del sector para asegurar su aplicación inmediata. También se prevé un monitoreo permanente para evaluar el impacto de la suba en cada jurisdicción.
Finalmente, el Ejecutivo destacó que esta decisión forma parte de un compromiso más amplio con las políticas de inclusión y accesibilidad. “El Estado debe garantizar la calidad y continuidad de la atención de las personas con discapacidad”, señalaron desde Salud. Los ajustes continuarán siendo evaluados en función de la evolución de los costos y de las necesidades del sistema.
