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Cinco personas están detenidas por su participación en una aparente red política y narco que operaba desde el municipio de Juan Bautista Alberdi. La fiscal Mónica García de Targa los acusa de integrar un entramado de poder que usaba recursos públicos, manejaba obras, pactaba con narcotraficantes y silenciaba opositores. Los arrestos ocurrieron este miércoles, tras nuevos allanamientos que incluyeron secuestro de documentación, dinero en efectivo y vehículos.
Entre los detenidos, el primero en perder la libertad el 17 de junio fue Roque “Chipi” Giménez, empresario de la construcción con contratos municipales. Fue quien protagonizó el audio que desató el escándalo. En esa grabación, hablaba con el ex intendente Luis “Pato” Campos sobre cómo usar la policía y la droga para dominar políticamente. Giménez ya está preso, con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz. La fiscalía lo acusa de intimidación pública y lo vincula con maniobras de corrupción en la obra pública.
En el marco de la causa, ayer fueron detenidos José del Carmen Roldán, Pablo “Maceta” Barrionuevo, Albano Loru y José Ignacio “Cucha Mota” Funez. Roldán, ex secretario de Hacienda, era mano derecha del ex intendente Campos y su nombre aparece en denuncias anteriores por vínculos con narcos, como Carlos “Kokoz” Rodríguez, detenido por un doble homicidio en Orán. Durante el allanamiento a su domicilio, Roldán se descompensó. Los investigadores creen que manejaba fondos y autorizaba contrataciones sospechosas.
En cuanto a Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social, se lo arresta teniendo en cuenta que en el audio viral lo mencionan como “el que maneja todo”. La Policía le secuestró una camioneta Amarok, presuntamente adquirida con fondos públicos. Barrionuevo habría facilitado contratos para obras que nunca se ejecutaron y se lo investiga por malversación de fondos.
Loru, ex concejal, fue detenido por estar sospechado de dirigir un grupo de mantenimiento apodado “chalecos verdes”, que cobraba del municipio por trabajos ya realizados por empleados estatales. Durante el allanamiento, la Policía encontró herramientas y un frasco con flores de marihuana. Loru, además, tenía intenciones de postularse como intendente en las próximas elecciones.
El quinto detenido, Funez, es un gremialista de ATE y referente de la CTA Joven. Aunque había denunciado irregularidades de la gestión Campos, ahora está bajo sospecha por haber filtrado el audio. Declaró como testigo, pero podría ser imputado si aparecen nuevas pruebas. Funez también tenía aspiraciones políticas en Alberdi.
Estos cinco nombres aparecen como las piezas principales de una estructura que, según la fiscal, funcionaba con total impunidad. “El audio refería a ejercer el poder mediante el manejo de las fuerzas de seguridad, la venta de drogas y el control sobre la vida y muerte de los habitantes del municipio”, afirmó García de Targa.
La causa se inició cuando la Policía entregó un informe sobre el audio viral. Luego se sumaron denuncias de ex concejales y expedientes previos de la DIDROP Sur sobre venta de drogas en la zona. Con esas pruebas, la fiscal pidió allanamientos que permitieron secuestrar celulares, computadoras, más de un millón de pesos y un cheque por 6,5 millones.
Los abogados defensores aún no accedieron al acta con los fundamentos de las detenciones. La audiencia está prevista para el viernes a las 8. Mientras tanto, el ex intendente Campos fue notificado de que se lo investiga por intimidación pública, encubrimiento e incumplimiento de deberes. Aunque sigue en libertad, la justicia lo considera parte del entramado.
Aunque algunos medios lo dieron por arrestado, Juan Lezcano, ex secretario de Obras Públicas y cuñado del ex intendente “Pato” Campos, no figura entre los detenidos. La fiscalía lo investiga, pero no ordenó su captura.
Su nombre aparece con fuerza entre los apuntados por presuntas contrataciones irregulares. Según fuentes judiciales, habría facilitado adjudicaciones directas a empresas durante su paso por el municipio. Esa posible maniobra ahora está siendo revisada con detalle en el marco de la causa que sacude a Juan Bautista Alberdi.
No es la primera vez que su apellido aparece en escena. A comienzos de año, Lezcano denunció el robo de una importante suma de dinero de su vivienda. En ese momento, el caso generó impacto por el monto involucrado. Sin embargo, hoy esa denuncia también vuelve al radar de los investigadores, que intentan reconstruir conexiones entre ese hecho y el entramado de poder que rodeó a la antigua gestión municipal.
Por ahora, Lezcano no está detenido, pero su situación podría cambiar a medida que avance la causa. García de Targa ya ordenó múltiples allanamientos y sigue reuniendo pruebas sobre una red que, según explicó, articulaba negocios, favores políticos y posibles vínculos con el narcotráfico.

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