Después de casi una década de estar prófugo, la Justicia tucumana logró detener a Alejandro Darío Pérez, de 53 años, condenado como coautor del asesinato del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. El operativo se realizó este martes en una vivienda del barrio El Pilar, en la localidad de Lules. La detención fue encabezada por el ECIF (Equipo Científico de Investigaciones Fiscales), en el marco de una causa dirigida por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal que conduce el fiscal Gerardo Salas.
La captura de Pérez no fue producto del azar. La investigación llevó meses de tareas de inteligencia, seguimientos discretos y recolección de pruebas. El fiscal Salas ordenó una búsqueda activa sobre su círculo familiar más cercano, lo que incluyó el rastreo de redes sociales, billeteras virtuales y escuchas telefónicas. Esas tareas fueron clave para confirmar que el prófugo permanecía oculto en Lules, protegido por personas de confianza.
Durante el allanamiento, Pérez intentó escapar por el fondo de la vivienda, pero fue rápidamente reducido por personal del ECIF y de la División Homicidios de la Policía. Su detención pone fin a una de las fugas más prolongadas y escandalosas del sistema judicial tucumano.
Pérez fue condenado en 2015 a prisión perpetua, acusado de ser quien efectuó los disparos que mataron al juez Aráoz el 26 de noviembre de 2004. El crimen ocurrió en la casa del magistrado, ubicada en Yerba Buena. Ese día, el juez había almorzado con su familia, regresó a su casa y quedó solo. Horas después, su cuerpo fue hallado con 10 impactos de bala. La autopsia reveló que no murió por los tiros, sino desangrado. Solo tenía un litro de sangre en el cuerpo.
La causa, desde el inicio, estuvo envuelta en sospechas. La entonces pareja del juez, Ema Hortensia Gómez, fue la primera detenida. Luego fueron arrestados tres policías, uno de ellos el propio Pérez, quien además mantenía una relación sentimental con Gómez. La versión oficial señaló que ella acudió a la comisaría preocupada por el juez y que los policías accedieron a acompañarla. Pero nunca se aclaró por qué intervinieron uniformados que no pertenecían a la jurisdicción de Yerba Buena ni cómo ingresaron al domicilio sin orden judicial.
A pesar de las inconsistencias del expediente, la Justicia avanzó con las condenas. Gómez y Pérez recibieron prisión perpetua como coautores del homicidio agravado. Sin embargo, Pérez nunca llegó a oír la sentencia: logró fugarse antes y desapareció del radar judicial durante 10 años. Solo en 2024, tras una nueva revisión del caso, el Ministerio Público activó la orden de recaptura.
“Fue un trabajo paciente, minucioso y con resultados concretos. Este tipo de causas no se cierran hasta que se hace justicia”, señalaron fuentes judiciales tras la detención. Ahora, Pérez quedó a disposición del sistema penitenciario para iniciar el cumplimiento efectivo de su condena.
El crimen de Héctor Aráoz sacudió a Tucumán en 2004 y, dos décadas después, todavía genera dudas. En su momento, el juez investigaba causas sensibles y había denunciado maniobras irregulares dentro del sistema judicial. Su asesinato dejó un expediente plagado de vacíos, hipótesis cruzadas y sospechas de encubrimiento.
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