En una sesión signada por fuertes cruces políticos, el Senado sancionó hoy tres leyes de alcance social y previsional. Las iniciativas implican un aumento real del 7,2 % a jubilaciones, un nuevo bono de $110.000, la reactivación por dos años de la moratoria previsional, y la declaración de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El bloque opositor –liderado por el kirchnerismo, radicales, dialoguistas y provinciales– impuso su narrativa y derrotó al oficialismo, que sin base interna prometió recurrir a vetos presidenciales y a la vía judicial.
El oficialismo resultó vulnerado por su propia debilidad interior. En un intento de encontrar responsables, apuntaron contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, la Cámara alta reafirmó su independencia con una sesión extendida y marcada por tensos intercambios y momentos de desorden institucional. Pese a esto, los senadores validaron las medidas sin mayores objeciones formales.
La primera ley contempla una suba del 7,2 % en jubilaciones y pensiones –exceptuando regímenes especiales– y eleva el bono fijo, que pasará de $70.000 a $110.000 y se ajustará por inflación. El texto convierte el beneficio en un derecho permanente. Además, se restablece la moratoria previsional por dos años, permitiendo a personas sin 30 años de aportes completar los faltantes y alcanzar el haber mínimo.
El camporista Mariano Recalde criticó el estancamiento del bono: según él, “este pequeño aumento apenas alcanza para un par de docenas de empanadas, o para cubrir alguno de los servicios que deben pagar jubilados”. Recalde cuestionó el argumento de equilibrio fiscal y propuso financiar la medida con exenciones al IVA y redirección de partidas.
Manuel Adorni, adelantó el veto
Desde el sector opositor, el kirchnerismo y Recalde respaldaron el proyecto, sosteniendo que el mecanismo previsional estaba en crisis incluso durante gestiones previas. Acusaron a Milei de haber profundizado la precariedad del sistema, lo que obliga a repetir soluciones cada pocos años.
Desde la derecha dialoguista, la senadora Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) admitió su preocupación. Advirtió sobre la informalidad laboral y la necesidad de abordar las causas que impiden que más trabajadores aporten. En tanto, Guadalupe Tagliaferri (PRO disidente) subrayó que los jubilados sufren la mayor pérdida, aunque manifestó objeciones sobre la posibilidad de moratoria permanente. Reclamó soluciones a largo plazo, con ingreso mínimo garantizado para la vejez y jubilaciones proporcionales a los aportes.
El radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego) rechazó la iniciativa y adhirió a la postura crítica de su bloque. Aseguró que los haberes prometidos por el ministro de Economía son irreales y no reflejan la realidad del sistema previsional nacional.
La tercera norma declara emergencia hasta diciembre de 2027 para el desconocido sector de personas con discapacidad. La iniciativa reformula las pensiones no contributivas, actualiza aranceles y compensaciones, e instaura un nuevo sistema para los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD). El puntano Fernando Salino sostuvo que el trámite del CUD debe modernizarse y simplificarse urgentemente.
La senadora Stefanía Cora (camporista, Entre Ríos) señaló que el Estado “está en deuda” con este sector. Además, resaltó la necesidad de auditorías estrictas para prevenir fraudes. El cordobés Luis Juez destacó que el proyecto otorga visibilidad y acompañamiento a personas “que no pueden defenderse solas”.
La ley de jubilaciones fue aprobada por unanimidad en general con 52 votos afirmativos y sin rechazos. En la votación particular obtuvo mayoría. La moratoria obtuvo 39 afirmativos, 14 negativos y una abstención. El sistema electrónico falló durante parte de la sesión, por lo que se votó de forma pública y manual. Finalmente, la emergencia en discapacidad se aprobó por 56 votos afirmativos.
Con estos tres proyectos convertidos en ley, el Senado ratificó el poder del cuerpo en la agenda social y previsional. El Ejecutivo, sin embargo, prepara vetos. También analiza judicializar el proceso, lo que anticipa un pulso intenso entre el Congreso y la Casa Rosada en las próximas semanas.
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