Diez valijas que llegaron desde Miami en un vuelo privado el 26 de febrero reactivaron un escándalo que salpica al Gobierno. Las nuevas imágenes presentadas por la fiscalía muestran que ese equipaje evitó los controles aduaneros en Aeroparque. La nave pertenece al empresario Leonardo Scatturice, con vínculos políticos con Javier Milei. A bordo, iba la pasajera Laura Belén Arrieta, quien es parte de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), organización que conecta al Gobierno argentino con sectores del trumpismo. La investigación por contrabando avanza, pese a las negativas oficiales.
El vuelo privado, identificado con matrícula N18RU, llegó a Aeroparque desde Miami. Viajaban Arrieta, dos tripulantes y diez valijas. Según el dictamen fiscal, la Aduana no controló el equipaje. Las imágenes de seguridad, incorporadas a la causa, muestran que el personal de aduanas desvió al grupo a una vía secundaria. Allí no se utilizaron escáneres ni mecanismos de control selectivo. La diferencia con el resto de los pasajeros fue evidente. Mientras todos pasaban por el escáner, ellos no.
El documento, de 47 páginas, sostiene que no se trató de un desborde operativo. “El área se encontraba libre de aglomeraciones”, remarcaron los fiscales. La decisión de no controlar las valijas fue “expresa y directa del personal aduanero”, pese a contar con medios tecnológicos. Esa maniobra rompió la trazabilidad del equipaje. También generó sospechas de un posible delito. La causa quedó en manos del fiscal Claudio Navas Rial y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.
El episodio se conoció a través del periodista Carlos Pagni. En su programa Odisea Argentina, en LN+, Pagni afirmó que existió “una orden de arriba” para liberar el equipaje. Según sus fuentes, el desvío del procedimiento activó una alarma interna en la Aduana. Tras esa denuncia pública, el vocero presidencial Manuel Adorni negó todo. “Es fácticamente imposible que alguien haya visto a alguien con diez valijas”, aseguró.
Sin embargo, las nuevas pruebas desmienten esa versión. La investigación oficial ahora confirma que las valijas eran diez, no cinco, como se había informado. La fiscalía detectó omisiones en los registros migratorios y fallas en la documentación sobre el vuelo. Incluso hubo contradicciones sobre el aeropuerto de origen: se declaró Fort Lauderdale, pero el avión despegó de Opa-Locka, otro aeródromo de Miami.
El avión, un Bombardier Global 5000, permaneció en Aeroparque hasta el 5 de marzo. No fue registrado por la ANAC ni se resguardó el contenido de su bodega. Luego partió hacia París, con escala en Tenerife. Tampoco se documentó su estado durante esos ocho días. Las cámaras del hangar privado mostraron cortes temporales en las grabaciones. La fiscalía alertó sobre esos “huecos” que impidieron monitorear la nave de forma continua.
Scatturice, dueño del avión, tiene vínculos con el asesor presidencial Santiago Caputo. Fue agente de inteligencia y organizador de la CPAC en Buenos Aires. Esa cumbre reunió en diciembre pasado a figuras de la ultraderecha mundial. Milei participó como figura principal. Arrieta, la pasajera del vuelo, fue parte del equipo organizador. Su relación con Scatturice, su empleador, es directa. Ella figura como gerente en OCP Tech, compañía estadounidense de soluciones tecnológicas ligada al empresario.
El dictamen describe un “comportamiento inusual” de Arrieta. Bajó del avión con un celular en la mano. Entregó el dispositivo a una agente de Aduanas. La oficial respondió con un gesto de aprobación. Luego, Arrieta fue conducida hacia la zona de arribos internacionales. El traslado duró más de 15 minutos, tiempo superior al promedio. Un testigo declaró que todo el movimiento fue supervisado por agentes aduaneros.
La investigación también descubrió inconsistencias en el registro del vuelo. Los fiscales advierten la “ausencia de documentación” que demuestre control, inmovilización e inspección. Además, se detectó que parte del equipaje nunca fue declarado. Solo cinco valijas figuraban en los registros. Ninguna fue escaneada. La omisión no fue casual ni producto del azar. Fue una decisión, señalan los fiscales, que podría configurar una maniobra de contrabando.
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